LA PERMANENCIA DE JUAN EMILIO ELIZALDE: FIN A LA PARÁLISIS EN EL TSJ DE MORELOS
LA CRÓNICA DE MORELOS. Jueves 5 de junio de 2025.
EDITORIAL
La reciente validación del Congreso de Morelos para reconocer a Juan Emilio Elizalde Figueroa como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hasta el 31 de agosto de 2027 resuelve, al menos temporalmente, una crisis institucional que evidenció la incapacidad de los magistrados para alcanzar consensos.
El dictamen aprobado, que agota el procedimiento de designación previsto en la disposición transitoria décima segunda del Decreto 165, es un ejercicio legítimo del Legislativo para garantizar la continuidad operativa del Poder Judicial, sin que ello implique una intromisión indebida en su autonomía. La legalidad de esta decisión se sustenta en la atribución del Congreso para intervenir en casos de parálisis institucional, respetando el marco constitucional y las disposiciones transitorias que rigen la transición hacia una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
La incapacidad del Pleno del TSJ para elegir a un presidente en 25 ocasiones refleja una disfuncionalidad alarmante entre los magistrados, quienes, en su conjunto, no lograron consensuar una terna viable. Esta parálisis no solo compromete la gobernanza interna del tribunal, sino que también pone en riesgo la impartición de justicia en Morelos.
La designación de Elizalde, respaldada por 18 votos en un proceso previo, valida su liderazgo y capacidad para asumir la presidencia, destacando su elección original como un mandato claro del Pleno. Cuestionar la utilidad del resto de los magistrados es inevitable: su reiterada falta de acuerdo sugiere una crisis de liderazgo colectivo que el Congreso, con esta medida, busca subsanar de manera pragmática y legal.
El dictamen también establece disposiciones provisionales claras, como el quórum mínimo (mitad más uno de los integrantes) y la mayoría simple para decisiones, asegurando el funcionamiento del Pleno mientras se expide la nueva Ley Orgánica. Estas medidas, lejos de ser una injerencia, refuerzan la operatividad del TSJ, garantizando que no se paralicen sus funciones esenciales. Además, la exigencia de autorización del Pleno para promover acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales protege la autonomía judicial, evitando decisiones unilaterales del presidente y asegurando que las determinaciones sean colegiadas.
Apoyar la permanencia de Elizalde es respaldar una solución práctica ante un vacío de gobernanza que los propios magistrados no supieron resolver. Su designación, respaldada por el Congreso y fundamentada en el marco legal vigente, no solo es legítima, sino necesaria para restablecer la estabilidad institucional del TSJ.
La sesión extraordinaria convocada para que Elizalde rinda protesta, conforme al artículo 133 de la Constitución de Morelos, consolida este proceso como un acto de responsabilidad institucional. Es imperativo que los magistrados, en lugar de perpetuar divisiones, asuman su rol con madurez y compromiso, permitiendo que el Poder Judicial recupere su funcionalidad y credibilidad en beneficio de la sociedad morelense.
