LA POLITIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 21 de octubre de 2024
La politización de la seguridad pública ocurre cuando las decisiones y estrategias sobre la materia son influenciadas o determinadas por consideraciones políticas en lugar de enfoques técnicos o profesionales.
Hay signos claros respecto al protagonismo de ciertos actores políticos de cara a los verdaderos problemas de seguridad. Esto no es nada nuevo, pues los morelenses hemos visto repetido el escenario mediático durante varios sexenios, sobre todo a partir de la era panista que inició en 2000 y concluyó 12 años después.
Todavía es prematuro hablar de politización de la seguridad ante un gobierno, el de Margarita González Saravia, que arrancó hace unas semanas. Sin embargo, sí es importante señalar la grave responsabilidad que pesa sobre el titular de la Secretaría de Seguridad y Auxilio Ciudadano de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, para reducir los altos índices delictivos. Es importante subrayar que este funcionario no es un todólogo ni mago para resolver la crisis de varios decenios en unos cuantos días. No.
En el combate a los grupos criminales también están implicadas la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario de la entidad. A Urrutia Lozano solo le corresponde la prevención y disuasión de los delitos, así como la reinserción social, trabajando de manera coordinada con fuerzas federales las que, casi siempre, llegan tarde tras haberse cometido los hechos violentos.
El arribo de dicho funcionario a Morelos fue acompañado de flamantes cartas credenciales y por su vinculación con Omar García Harfuch, titular del ramo a nivel nacional. Es decir, el titular de Seguridad de Morelos se debe a una designación que podría interpretarse como política, lo cual se verá a futuro. Los morelenses mantenemos alta la esperanza en que pronto habrá una reducción de la violencia.
En los sexenios anteriores constatamos la politización de la seguridad frente a un escenario donde los más encumbrados jefes policíacos fueron removidos o nombrados bajo lealtades políticas. Muchas veces los nombramientos coincidieron en tiempos electorales y los nuevos mandos llegaron a nuestra entidad sin méritos y/o nula experiencia profesional, pero sí acatando intereses partidistas.
Hubo quienes cacareaban hasta el exceso una narrativa de “limpieza” o “cambio de rumbo”, pero en realidad obedecían a cálculos políticos que desestabilizaron la estructura operativa y la continuidad de políticas de seguridad. Las hemerotecas están repletas de ejemplos.
¿Cuál fue el resultado de la politización de la seguridad? Los resultados se tornaron en contraproducentes, no solo para el control del crimen, sino también para la cohesión social y la legitimidad de las instituciones.
La politización de las fuerzas de seguridad siempre lleva a una erosión de la confianza pública en las instituciones encargadas de la protección y el mantenimiento del orden. Los ciudadanos perciben a la policía, el ejército o los sistemas judiciales como herramientas al servicio de los intereses políticos, en lugar de instituciones imparciales dedicadas a su seguridad. Lo peor es cuando los ciudadanos suponen que las fuerzas de seguridad están al servicio de los grupos criminales. Esta pérdida de confianza hace que las personas sean menos propensas a cooperar con las autoridades, lo que, a su vez, dificulta la prevención y el esclarecimiento de delitos.
Otro efecto grave es el aumento de la impunidad y la corrupción. Cuando las instituciones de seguridad están sometidas a intereses políticos, es común que los crímenes cometidos por personas cercanas al poder queden sin investigar o sin castigar, lo que socava el principio de igualdad ante la ley. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad pueden ser utilizadas para perseguir a los opositores políticos o para reprimir protestas sociales, consolidando un clima de represión y violación de derechos humanos. Esta dinámica erosiona el Estado de derecho y contribuye a la percepción de que las leyes solo se aplican de manera selectiva.
Finalmente, la politización de la seguridad también impacta en la implementación de políticas a largo plazo. Las administraciones que politizan la seguridad tienden a enfocarse en medidas populistas que producen resultados rápidos, como el aumento de operativos militares o la represión masiva, pero que no resuelven las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza, la falta de oportunidades o la exclusión social.
Estas políticas reactivas suelen aumentar la violencia y la tensión social, en lugar de reducirlas, y hacen más difícil que los futuros gobiernos implementen estrategias preventivas y sostenibles. La falta de continuidad en las políticas de seguridad, derivada de los cambios de gobierno, perpetúa este ciclo, impidiendo avances reales y sostenibles en la lucha. Al respecto los mexicanos en general y los morelenses en particular tenemos muchísima experiencia.
