La tendencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de culpar a terceros sobre sus dislates
LA CRÓNICA DE MORELOS. Martes 05 de noviembre de 2024.
La tendencia de algunos funcionarios públicos, incluidos los gobernadores, de evitar admitir errores y de culpar a terceros refleja una estrategia política que puede tener varios efectos en la percepción pública. Esta actitud suele responder a una visión del poder en la que la imagen de liderazgo fuerte y sin fallos es fundamental para mantener el apoyo de la ciudadanía. Sin embargo, el no reconocer errores puede llevar a una desconexión con la realidad y a la creación de una figura poco humana, lo cual termina siendo contraproducente, pues la sociedad valora la humildad y la transparencia en quienes ocupan cargos de alta responsabilidad. Más adelante analizamos el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Cuando un funcionario elige esta estrategia, también revela una falta de disposición para evaluar y mejorar su gestión. La constante negación de errores obstaculiza los procesos de aprendizaje y ajuste que son necesarios para enfrentar los problemas complejos. En el caso del gobernador de Sinaloa y otros líderes con esta actitud, la falta de autocrítica puede derivar en decisiones reiterativas y poco efectivas, ya que no se están atendiendo las causas reales de los problemas. Esto no solo limita su capacidad de gobierno, sino que afecta a los ciudadanos, quienes terminan siendo víctimas de una administración.
Otro aspecto crítico es que esta negación de errores debilita la confianza pública en las instituciones. Cuando los funcionarios rehúyen asumir responsabilidad, los ciudadanos perciben una falta de compromiso y de ética en el manejo de los asuntos públicos. Esta percepción contribuye al cinismo y a la desconfianza hacia el gobierno, promoviendo una actitud de descontento generalizado. En contextos donde la gobernanza se basa en la culpa a terceros, los ciudadanos pueden incluso llegar a movilizarse en contra de las autoridades, pues perciben que sus necesidades no son prioridad y que los problemas que enfrentan no son atendidos.
Al culpar a otros, estos líderes tienden a perder autoridad moral y legitimidad, factores clave para ejercer el liderazgo. Los funcionarios que no asumen sus errores y prefieren responsabilizar a otros suelen proyectar una imagen de falta de carácter y de ética, que erosiona su capacidad de influencia a largo plazo. Si bien algunos sectores pueden aceptar estas narrativas en el corto plazo, con el tiempo, las consecuencias de esta actitud son evidentes, tanto en el deterioro de su reputación como en la dificultad para lograr el apoyo de sus equipos y de la ciudadanía. En un sistema democrático, la autocrítica es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones, y su ausencia compromete la eficacia del gobierno en beneficio del bien común.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ha sido una figura que ha generado diversos cuestionamientos por su estilo de gobierno y manejo de ciertas problemáticas en el estado. En particular, Rocha Moya ha enfrentado críticas por su forma de lidiar con temas de seguridad y desarrollo social, aspectos sensibles en Sinaloa debido al contexto de violencia y desigualdad. Su gestión ha sido señalada por deficiencias en la implementación de políticas efectivas contra la delincuencia y en las estrategias para fortalecer la economía local, factores que afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos. La tendencia de Rocha Moya a justificar los problemas del estado en causas externas ha hecho que algunos sectores de la población lo perciben como un líder que evita asumir plenamente su responsabilidad en la búsqueda de soluciones.
Además, su retórica, que en varias ocasiones ha sido defensiva, ha mermado la confianza pública en su capacidad para liderar el cambio que Sinaloa necesita. Al no admitir ciertos errores o limitaciones de su administración, Rocha Moya alimenta una percepción de desconexión entre el gobierno y las necesidades reales de los sinaloenses. Esto plantea un reto significativo para él, ya que el apoyo popular es clave para implementar políticas de impacto. De continuar en esta línea, el gobernador corre el riesgo de limitar su margen de maniobra política, y podría ver disminuida la eficacia de su administración en el corto y mediano plazo.
