LA TRAGEDIA DEL TREN INTEROCEÁNICO: ¿JUSTICIA REAL O CARPETAZO INMINENTE?
El descarrilamiento del Tren Interoceánico el 28 de diciembre de 2025 en el tramo Nizanda-Chivela, Oaxaca, que dejó 13 muertos y más de 100 heridos, no es un accidente aislado. Es el sexto incidente grave en dos años para trenes nuevos operados bajo administraciones de Morena y pone nuevamente en el centro del debate la negligencia y la corrupción que han rodeado este megaproyecto.
Las dudas sobre irregularidades en la construcción son fundadas: auditorías de la Auditoría Superior de la Federación desde 2019 advirtieron mala planeación, rehabilitaciones irregulares y posibles desfalcos, mientras que audios filtrados en 2024 vinculan a familiares de altos exfuncionarios con contratos de materiales clave.
Para evitar que este caso caiga en la impunidad habitual de los grandes escándalos mexicanos, sería indispensable una investigación verdaderamente independiente que no se limite a las causas inmediatas, como fallas en las vías o mantenimiento deficiente, sino que llegue hasta las raíces: los contratos adjudicados, la calidad de los materiales y los posibles actos de corrupción.
La Secretaría de Marina, responsable de la operación, había alertado internamente sobre riesgos que fueron ignorados; esas advertencias deben ser auditadas públicamente. Hace falta transparencia total en los contratos, publicación de licitaciones, pagos y pruebas de calidad, junto con la participación de expertos externos para evitar que la indagatoria quede contaminada por intereses políticos.
La justicia real exigiría sanciones concretas: procesamientos penales para quienes resulten responsables, sean contratistas o funcionarios de alto nivel, inhabilitaciones y compensaciones dignas para las víctimas, más allá de los apoyos simbólicos. Solo así se rompería el patrón de tragedias anunciadas donde las vidas perdidas no generan cambios estructurales.
Por el contrario, reconoceremos un carpetazo clásico si la investigación concluye rápidamente culpando factores externos o accidentes atípicos, sin tocar las alertas previas ni las redes de favoritismo. Si los documentos se clasifican como reservados, si no hay consecuencias para los poderosos y solo se señalan operarios menores, o si el tema simplemente desaparece de la agenda pública en unas semanas, quedará claro que prima la protección política sobre la verdad. En redes ya circulan teorías de sabotaje que buscan desviar la atención; si esas narrativas se imponen sin pruebas, confirmarán la maniobra.
Esta tragedia revela un sistema donde los megaproyectos se impulsan por prisa política antes que por seguridad y ética. Oaxaca y las familias de las víctimas merecen justicia efectiva, no consuelos presidenciales ni promesas vacías de “cero impunidad”. La presión ciudadana será decisiva: si en los próximos meses no vemos informes públicos, juicios abiertos y reformas reales, tendremos la certeza de que, una vez más, la transformación prometida quedó en mera fachada.
Si la presidenta Sheinbaum opta por contribuir o encubrir a los responsables del descarrilamiento del Tren Interoceánico, incluyendo a los hijos del ex presidente AMLO implicados en posibles esquemas de corrupción con contratos de materiales, su imagen podría deteriorarse gravemente. La percepción pública la vería como una continuadora del clientelismo y la impunidad que criticó en campañas pasadas, alimentando acusaciones de nepotismo y debilidad institucional. Opositores y medios independientes amplificarían el escándalo, comparándolo con tragedias como la Línea 12 del Metro, lo que erosionaría su credibilidad entre votantes independientes y podría desencadenar protestas en Oaxaca y otros estados, afectando su aprobación en encuestas y complicando su agenda de “continuidad con cambio”.
Por el contrario, si Sheinbaum aplica la ley de manera implacable, caiga quien caiga —incluso si implica procesar a familiares de AMLO o altos funcionarios de Morena—, su imagen podría fortalecerse como una líder autónoma y comprometida con la transparencia. Esto la posicionaría como una renovadora genuina del movimiento, ganando respeto internacional y apoyo de sectores moderados, al demostrar que prioriza la justicia sobre lealtades personales. Aunque generaría tensiones internas en su partido y posibles represalias políticas, a largo plazo podría consolidar su legado, elevando su popularidad y facilitando reformas estructurales en megaproyectos, convirtiéndola en un símbolo de integridad en un contexto de desconfianza histórica.
