LA UTOPÍA IMPOSIBLE: ¿PODRÁ MORELOS ALGÚN DÍA ERRADICAR LA VIOLENCIA CRIMINAL? DOS VISIONES ENFRENTADAS EN EL CONGRESO
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 2 de febrero de 2026
La violencia, particularmente en su dimensión de incidencia criminal, representa uno de los desafíos más persistentes y complejos de la humanidad. A lo largo de la historia, las sociedades han logrado avances significativos en la reducción de ciertos tipos de violencia —como homicidios en algunos países europeos o en regiones con políticas de prevención efectivas—, pero erradicarla por completo parece un horizonte lejano e improbable.
La criminalidad surge de factores multifactoriales: desigualdad económica, debilidad institucional, impunidad, presencia de economías ilícitas (como el narcotráfico), fallas en la educación y la cohesión social, entre otros. Mientras estos elementos persistan en algún grado, la violencia criminal tenderá a reproducirse, aunque pueda controlarse o disminuir drásticamente en contextos específicos.
Expertos en criminología sostienen que la erradicación total requeriría no solo un sistema de justicia perfecto y una policía impecable, sino también la eliminación de las raíces estructurales de la delincuencia, algo que ninguna sociedad ha conseguido a escala global. Países con bajos índices de criminalidad, como Islandia o Japón, mantienen tasas mínimas gracias a alta cohesión social, equidad y confianza en las instituciones, pero incluso allí persisten delitos menores o aislados. En naciones con mayor complejidad social y geográfica, como México, la violencia organizada agrava el panorama, convirtiendo la meta de “cero violencia” en una utopía más que en un objetivo realista a mediano plazo.
En el caso de México, las cifras nacionales muestran fluctuaciones: aunque se han registrado reducciones en homicidios dolosos en periodos recientes —con una tasa nacional de alrededor de 17.5 por cada 100 mil habitantes en 2025, la más baja desde 2015—, persisten focos de alta incidencia en estados clave.
La violencia no desaparece; se desplaza, muta o se contiene temporalmente mediante estrategias de seguridad, pero su erradicación total demandaría generaciones de reformas profundas en lo económico, educativo y judicial.
En Morelos, la situación ilustra con crudeza esta realidad. Datos recientes del INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que la entidad ha enfrentado posiciones preocupantes en percepción de inseguridad y delitos de alto impacto. Aunque se reportan disminuciones en homicidios dolosos durante 2025 —con una baja significativa en el primer semestre comparado con 2024—, el estado ha liderado o figurado en los primeros lugares nacionales en extorsión, feminicidios, robo de vehículos y otros indicadores, lo que refleja una persistencia estructural del problema.
Este domingo, en la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso de Morelos, dos coordinadores parlamentarios coincidieron en diagnosticar la inseguridad como el principal reclamo social, aunque con matices distintos en sus enfoques. Daniel Martínez Terrazas, del PAN, enfatizó que la violencia no solo persiste, sino que las cifras son contundentes: alrededor del 90 por ciento de los morelenses se sienten inseguros y con miedo de salir de sus casas, lo que convierte a Morelos en una de las entidades con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional —incluso ocupando el primer lugar en algunos reportes de 2025 según encuestas como la ENVIPE—. Criticó la idea de que se trate solo de “percepción”, calificándola como una “sentencia” real, y señaló la falta de coordinación policial, ejemplificada en el escaso presupuesto para prevención del delito —solo tres millones 800 mil pesos para 2026, equivalentes al 0.09 por ciento del ramo 33 federal—, lo que evidencia prioridades insuficientes.
Por su parte, Rafael Reyes Reyes, de Morena, reconoció abiertamente que la inseguridad y la violencia son el principal problema que enfrenta Morelos, coincidiendo con la oposición en la gravedad del tema. Sin embargo, argumentó que resolverlo es responsabilidad compartida de todas y todos los morelenses, no solo del gobierno. Defendió a la gobernadora al mencionar los retos heredados del pasado, como la falta de recursos y un presupuesto limitado, y llamó a los diputados a no descomponer las relaciones políticas ante la cercanía del proceso electoral de 2027, priorizando el beneficio colectivo de la entidad.
Este intercambio en el Congreso refleja una polarización política que, paradójicamente, converge en el reconocimiento del problema, pero diverge en las causas y soluciones. Mientras la oposición subraya deficiencias presupuestales y de coordinación como factores agravantes, el oficialismo apela a la corresponsabilidad social y al contexto heredado, lo que complica la construcción de consensos amplios.
En síntesis, la erradicación absoluta de la violencia criminal parece improbable en el horizonte previsible, dada su complejidad multifactorial y su arraigo en desigualdades profundas. En Morelos, las declaraciones de ambos diputados confirman que la inseguridad sigue siendo el eje del debate público, con datos que respaldan un sentimiento mayoritario de temor —cercano al 90 por ciento en mediciones recientes— y posiciones estatales preocupantes en delitos específicos.
La coincidencia en el diagnóstico abre una ventana para el diálogo, pero la polarización electoral podría obstaculizar avances sustantivos si no se prioriza la colaboración sobre el enfrentamiento.
Solo mediante estrategias integrales —que combinen prevención social, fortalecimiento institucional, inversión en inteligencia policial y combate frontal a economías criminales— se podrían lograr reducciones sostenidas. En Morelos, el bajo presupuesto preventivo señalado por Martínez Terrazas y la llamada a la unidad de Reyes Reyes destacan que, sin recursos adecuados ni acuerdos políticos sólidos, la violencia continuará como un lastre persistente.
Finalmente, aunque la utopía de cero violencia criminal inspire discursos y políticas, la experiencia global y local sugiere que el objetivo realista es contenerla drásticamente y minimizar su impacto en la vida cotidiana. En Morelos, el reto inmediato radica en traducir el consenso sobre la gravedad del problema en acciones concretas que vayan más allá de la retórica partidista, para que el miedo deje de ser el principal sentimiento de sus habitantes.
