Las acusaciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: una red de narco-terrorismo con vínculos mexicanos

En los últimos años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar redes internacionales de narcotráfico que involucran a figuras políticas de alto nivel. Uno de los casos más notorios es el de Nicolás Maduro Moros, el ex presidente de Venezuela, quien enfrenta graves cargos federales por su presunta participación en una conspiración de narco-terrorismo y tráfico de drogas. Estos cargos, detallados en una acusación supersedente sellada, pintan un panorama de corrupción sistemática donde Maduro habría utilizado su poder para aliarse con organizaciones terroristas y cárteles internacionales, incluyendo mexicanos, con el fin de inundar Estados Unidos con cocaína.

Según los documentos judiciales, Maduro es acusado de conspirar para distribuir cocaína hacia Estados Unidos, sabiendo que beneficiaría a organizaciones designadas como terroristas extranjeras, tales como las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, los Zetas (también conocido como Cártel del Noreste o CDN) y el Tren de Aragua. Esta conspiración, que se extendería desde 1999 hasta 2025, involucra la importación, fabricación y distribución de al menos cinco kilogramos de cocaína, violando secciones del Código de Estados Unidos como 21 U.S.C. §§ 960a, 952(a), 960(a)(1), 959(a), 960(a)(3) y 960(b)(1)(B).

Los fiscales alegan que Maduro, aprovechando sus roles previos como miembro de la Asamblea Nacional (2000-2006), ministro de Relaciones Exteriores (2006-2013) y presidente (desde 2013), facilitó el transporte de miles de toneladas de cocaína a través de Venezuela, utilizando pistas de aterrizaje clandestinas, aeropuertos comerciales, embarcaciones rápidas y contenedores marítimos, todo bajo protección de las fuerzas de seguridad.

En el corazón de estas acusaciones está la corrupción institucionalizada. Maduro habría convertido instituciones públicas en herramientas para el narcotráfico, enriqueciendo a él mismo, a su familia y a miembros de su régimen. Por ejemplo, durante su tiempo como ministro de Relaciones Exteriores, vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y proporcionó cobertura diplomática para aviones que repatriaban ganancias de drogas desde México a Venezuela.

Como presidente, permitió un sistema de patronazgo conocido como el “Cártel de los Soles”, involucrando a oficiales militares venezolanos en el tráfico de drogas, y mantuvo pandillas estatales (colectivos) para protección, ordenando secuestros, golpizas y asesinatos para cobrar deudas relacionadas con narcóticos.

Venezuela, bajo su mando, se convirtió en un refugio seguro para el tráfico de 200-250 toneladas de cocaína anuales hacia 2020, con corrupción en cada etapa desde la producción en Colombia hasta la distribución en Estados Unidos.

Lo que hace estas acusaciones particularmente alarmantes son los vínculos explícitos con cárteles mexicanos. Los documentos indican que Maduro se asoció con el Cártel de Sinaloa y los Zetas (CDN) para establecer rutas de transporte de cocaína a través de México y Centroamérica. Estas colaboraciones incluían puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México, donde se compartían ganancias para mantener el poder de Maduro. Actos específicos mencionados involucran coordinación con el Sinaloa para financiar laboratorios protegidos por las FARC y funcionarios venezolanos, así como el uso de escoltas armadas y protección para envíos.

Además, su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, aceptó sobornos para intermediar reuniones con traficantes y traficó cocaína incautada con escoltas militares entre 2004 y 2015, mientras que su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra (“Nicolasito”), envió cocaína a Miami en 2017 y negoció acuerdos plurianuales con las FARC en 2020, utilizando aviones de PDVSA cargados con drogas.

Estos cargos no solo destacan la supuesta fusión entre estado y crimen organizado en Venezuela, sino también cómo tales alianzas transfronterizas, especialmente con potentes cárteles mexicanos como Sinaloa y Zetas, representan una amenaza directa a la seguridad regional y de Estados Unidos. La designación de estos grupos como organizaciones terroristas eleva el caso más allá del mero narcotráfico, enmarcándolo como narco-terrorismo que financia violencia y desestabilización.

Mientras Maduro y sus coacusados enfrentan posibles cadenas perpetuas, estos documentos sirven como un recordatorio crudo de cómo el poder político puede corromperse hasta convertirse en un engranaje más de la maquinaria global del crimen.