Las víctimas de delitos en Morelos no denuncian ante la realidad del “no pasa nada”
LA CRÓNICA DE MORELOS
Martes 24 de septiembre de 2024
En el estado de Morelos, la impunidad en materia de justicia penal es alarmantemente alta, alcanzando un 97.5 por ciento en 2022. Esto significa que, de cada 100 delitos denunciados, solo 2.5 son resueltos satisfactoriamente, con sentencias o alternativas de reparación del daño. Este porcentaje de impunidad coloca a Morelos por encima de la media nacional, que es del 96.3 por ciento.
Además, la cifra negra de delitos, es decir, aquellos que no se denuncian o no se investigan, es del 92.7 por ciento, lo que refleja la falta de confianza de la población en las autoridades. Las víctimas evitan denunciar por temor a represalias y porque consideran que no habrá una resolución efectiva.
Este panorama de impunidad y desconfianza en el sistema penal en Morelos sigue siendo un desafío importante para la justicia en el estado.
Los morelenses, con gran reiteración, han escuchado a las autoridades pedir a la población que se acerque a las instancias ministeriales y presente su denuncia. Es cierto: cuando esto sucede en un caso de secuestro y extorsión, hay probabilidades elevadas de que el desenlace sea positivo, debido al nivel de profesionalización, investigación y equipamiento tecnológico de que dispone la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. Una brillante época para la resolución de casos se tuvo con Adriana Pineda, hoy presidenta del Tribunal de Justicia para Adolescentes.
Pero en términos generales, las víctimas no denuncian por la sensación del “no pasa nada”.
En el caso concreto de los extorsionadores, el Código Penal de Morelos es severo en cuanto a los castigos a dichos criminales, pero el problema sigue siendo que las víctimas no denuncian por temor a represalias, sobre lo cual, desafortunadamente, abundan los ejemplos: desde incendios de negociaciones, hasta el asesinato de los empresarios que se negaron a pagar el famoso “derecho de piso”.
Definitivo: la sola reforma al Poder Judicial federal y al de Morelos no resolverán la alta incidencia criminal, ni el nivel de impunidad, muchas veces producto de la sobrecarga de trabajo en instancias ministeriales. Y parece que tampoco la reforma a la procuración de justicia, anunciada desde hace meses por la próxima presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum, tampoco será la solución si, como se ha visto durante décadas, se escatima la inversión para fortalecer procedimientos de investigación. Una resultante de lo anterior, por citar un ejemplo, es la liberación de peligrosos delincuentes cuando los fiscales no aportaron suficientes pruebas de cargo.
