Latente la amenaza de extorsionadores sobre maestros de Morelos, revela diputada local Ruth Rodríguez López
El magisterio morelense levantó la voz este 13 de enero ante el incremento de casos de extorsión que afectan directamente a docentes en todo el estado. Según la diputada Ruth Rodríguez López, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local, al menos 14 maestros han solicitado cambio de centro de trabajo por amenazas e inseguridad, principalmente a través de mensajes intimidatorios que exigen pagos de dinero.
Estos casos involucran a profesores de todos los niveles educativos —desde preescolar hasta medio superior— y han generado un impacto severo en su labor diaria, obligando a algunos a priorizar su integridad física sobre su plaza laboral.
La problemática se enmarca en un contexto de mayor denuncia ciudadana contra la extorsión, delito que el Gobierno de Morelos y la federación combaten activamente. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad reporta avances significativos, con detenciones relevantes de integrantes de grupos delictivos en municipios como Cuautla, Tlaltizapán y la zona sur, incluyendo presuntos extorsionadores ligados a células como “La Familia Michoacana” o “Los Acapulco”. Estas acciones, coordinadas con fuerzas federales, estatales y municipales, han permitido desarticular células dedicadas a cobros ilegales a comerciantes, productores y, ahora, también a docentes.
La repercusión en Morelos es directa y preocupante, ya que las extorsiones erosionan la confianza en las instituciones educativas, afectan la estabilidad laboral de los maestros y deterioran la percepción general de seguridad en comunidades y escuelas.
Autoridades estatales enfatizan la importancia de denunciar al 089, 911 o la línea de la FIDAI (777 453 83 43) sin mantener contacto con los delincuentes. Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno federal, se busca reducir significativamente este delito en 2026 mediante mayor prevención, tecnología y coordinación interinstitucional. ¡La denuncia oportuna es clave para proteger a la comunidad educativa!
