Liberación de Juana Hilda González Lomelí: un hito jurídico tras 19 años de encarcelamiento en Morelos
Este miércoles 11 de junio de 2025, Juana Hilda González Lomelí, de 49 años, recuperó su libertad tras permanecer 19 años y cinco meses recluida en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 16, ubicado en Michapa, municipio de Coatlán del Río, Morelos.
Acusada desde 2006 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, su liberación fue ordenada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante un amparo liso y llano, marcando un precedente en la revisión de casos judiciales viciados. La resolución, aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra, destacó graves irregularidades en el proceso penal que llevaron a su condena.
El fallo de la SCJN, basado en el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, determinó que las pruebas clave contra González Lomelí, incluyendo su confesión, fueron obtenidas mediante tortura física, sexual y psicológica, así como presiones e intimidaciones durante su arraigo entre enero y abril de 2006. La Corte declaró la nulidad de dichas pruebas, argumentando que violaban los derechos humanos de la acusada y el debido proceso. Además, se estableció que las evidencias restantes presentadas por el Ministerio Público eran insuficientes para demostrar su responsabilidad penal en los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas, por los que fue sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión en 2011.
La liberación de González Lomelí, quien salió del Cefereso 16 alrededor de las 23:00 horas del 11 de junio, no solo representa un acto de justicia para ella, sino que abre la puerta a la revisión de otros casos vinculados al expediente Wallace. La Defensoría Pública Federal señaló que el fallo refuerza los estándares de presunción de inocencia y la prohibición absoluta de la tortura, pudiendo impactar los procesos de otros cinco acusados cuyas pruebas derivan de las mismas irregularidades. Visiblemente emocionada, González Lomelí expresó estar en “shock” y agradeció a sus defensores, particularmente al abogado Víctor Parada Picos, mientras sostenía su constancia de libertad.
Este caso expone las fallas estructurales del sistema penal mexicano, como el uso de confesiones coaccionadas y la fabricación de pruebas, prácticas que han sido denunciadas en el contexto del caso Wallace. La resolución de la SCJN, además de ordenar la libertad inmediata, subraya la necesidad de investigar a los responsables de las torturas y las irregularidades judiciales. La sentencia, descrita como un cierre emblemático para la actual Corte antes de su renovación, reafirma el compromiso con los derechos humanos y podría sentar un precedente para combatir la corrupción judicial en México.
