LOS AMPAROS BUSCADORES DE ANDY LÓPEZ BELTRÁN Y LA SOMBRA DEL HUACHICOL FISCAL
LA CRÓNICA DE MORELOS
Miércoles 17 de septiembre de 2025
E D I T O R I A L
La revelación de tres amparos judiciales que protegen a Andrés Manuel López Beltrán, sus hermanos José Ramón y Gonzalo, y una red de presuntos implicados en el huachicol fiscal ha desatado un intenso debate sobre la justicia y la impunidad en México. Presentados en el presente mes de septiembre de 2025 en Zacatecas (2098/2025), Tabasco (1446/2025) y la Ciudad de México (1728/2025), estos recursos, identificados como amparos buscadores, buscan blindar a los beneficiarios contra posibles órdenes de aprehensión derivadas de investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por contrabando de combustible y evasión fiscal.
La coincidencia de los promotores legales, como Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald y Eribel Mejía Barrios, con antecedentes en casos de alto perfil, y la inclusión de figuras militares y empresariales en las demandas, sugiere una estrategia coordinada para eludir el escrutinio judicial. Es importante subrayar que en la tarde de este miércoles, Rodríguez Smith Macdonald rechazó haber tramitado el famoso amparo y advirtió que procederá penalmente contra quien resulte responsable por usurpación.
Este caso pone a prueba la credibilidad del sistema judicial mexicano, especialmente tras la reforma de 2025 que introdujo elecciones populares para jueces.
Los amparos buscadores permiten que cualquier persona presente una demanda en nombre de terceros, sin necesidad de que los beneficiarios la firmen inicialmente, para proteger contra actos arbitrarios como detenciones o incomunicación. En este caso, Rodríguez Smith Macdonald y Mejía Barrios promovieron los amparos, lo que ha llevado a los defensores de los hermanos López Beltrán a argumentar que ellos no los solicitaron directamente. Sin embargo, estos amparos requieren que los beneficiarios los ratifiquen en un plazo de tres días, un detalle aún no aclarado en este caso.
La opacidad sobre la ratificación y los vínculos de los promotores con casos controversiales, como el de Rafael Caro Quintero, alimentan sospechas de que los amparos son una maniobra preventiva para obstaculizar las investigaciones de la FGR, especialmente en un contexto donde figuras como Roberto Blanco Cantú (“El señor de los buques”) y el contraalmirante Fernando Farías Laguna aparecen como beneficiarios.
El contexto de los amparos apunta a una investigación compleja sobre una red de huachicol fiscal en puertos como Altamira, Tamaulipas, presuntamente amparada por la Secretaría de Marina. Las acusaciones, respaldadas por testigos protegidos como el alias “Santo” y denuncias del diputado Federico Döring, señalan a Andy López Beltrán como posible facilitador de importaciones ilegales a través de empresas fantasma. Aunque Morena insiste en que los hermanos no autorizaron los amparos, calificándolos como iniciativas de terceros, la presencia de nombres vinculados a la corrupción en las demandas refuerza las críticas.
La jueza Verónica Beltrán Munguía, electa por voto popular, otorgó una suspensión provisional en el amparo de la Ciudad de México antes de declararse incompetente, lo que refleja las ambigüedades de un sistema judicial en transición y las tensiones entre legalidad y percepción de impunidad.
La sociedad mexicana merece claridad sobre las acusaciones de huachicol fiscal y el papel de los implicados. La FGR tiene la oportunidad de demostrar que la ley aplica por igual a todos (“cero impunidad” ha dicho Sheinbaum en torno al espinoso caso), pero el uso de amparos buscadores y la lentitud en las investigaciones podrían reforzar la percepción de impunidad, especialmente cuando protegen a figuras cercanas al expresidente López Obrador, cuya administración prometió combatir la corrupción.
La reforma judicial de 2025 buscaba democratizar el Poder Judicial, pero casos como este sugieren que la politización podría estar socavando su independencia. La verdad detrás de los amparos buscadores y las redes de huachicol fiscal debe esclarecerse para restaurar la confianza en las instituciones, en un contexto donde los defensores de los implicados desvían la responsabilidad hacia terceros, dejando más preguntas que respuestas.
