LOS PEORES PRONÓSTICOS
PERSPECTIVA
Por Marcos Pineda Godoy
Viernes 06 de diciembre de 2024
El Senado de la República aprobó un paquete de reformas a las leyes secundarias que pretenden armonizar las ya existentes con la reforma a la manera en que se integrará el Poder Judicial de la Federación, para que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto popular, directo y secreto.
Todas tienen su importancia relativa: La Ley Orgánica del Poder Judicial, La Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, las relativas a la primera elección extraordinaria, no fueron modificadas. Esas son las relacionadas con los procesos electorales, mismas que deberían armonizarse igualmente, bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
Estos son los principios constitucionalmente rectores en los que debe basar su trabajo todo órgano electoral y son fundamentales para garantizar la organización de elecciones libres, equitativas y confiables. Queda claro, para quien lo quiera ver, que la llamada reforma al Poder Judicial es una reforma electoral. Pero, el régimen decidió no tocar, al menos, ni la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como tampoco la Ley General en materia de Delitos Electorales.
La cuarta transformación ha decidido, por encargo de Andrés Manuel López Obrador, que se lleve a cabo la elección, sí o sí, en junio del año 2025, a marchas forzadas -a pesar de la interposición de cientos de amparos en curso, todavía no resueltos, y de la negativa a otorgar recursos suficientes al Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la calidad del proceso electoral, a fin de hacer efectivos los derechos políticos de los ciudadanos-, y ahora también sin la existencia de leyes secundarias acordes a un tipo de elección tan diferente a las que instituciones y ciudadanos estamos acostumbrados.
No se necesita ser ningún experto en materia de leyes electorales para prever que la mera aplicación supletoria de las leyes secundarias generará múltiples confusiones y controversias que no podrán ser resueltas por los órganos del INE, sino tendrán que llegar a los tribunales electorales. Es más, la falta de una adecuada armonización de la reforma constitucional con las leyes secundarias ya podría constituir, en sí misma, una causal para impugnar las reformas recién aprobadas en el Senado, puesto que dejan sin garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos, particularmente, de aquellos que se inscribieron en la búsqueda de una candidatura.
Como ejemplo, buena parte de los inscritos tienen miedo de ser sancionados por actos anticipados de campaña, si asoman la cabeza, al no tener certeza de qué parte de las leyes sí les son aplicables, qué partes no, ni en qué periodos o momentos específicos del proceso electoral. Y esto tampoco lo saben las autoridades electorales, ni las administrativas ni las jurisdiccionales.
Lo que nos está siendo presentado como un avance más en la reforma al Poder Judicial, en realidad es otro conjunto de errores y omisiones, que volverán todavía más complicado el proceso electoral. No creo que ni de broma vayan a aceptar que se equivocaron nuevamente, aunque ojalá reflexionen y aprovechen la última oportunidad que tendrán de corregir, que será cuando se lleve a cabo la reforma electoral. Si no lo hacen, muy probablemente los peores pronósticos sobre esta elección extraordinaria se harán realidad.
Y para iniciados:
Las observaciones sobre millonarias cantidades sin comprobar, durante los dos últimos años del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, serán motivo más que suficiente para llamar a cuentas a varios de los exfuncionarios, casi de todas las áreas. Hasta hoy, se nos ha dicho sobre los ejercicios del 2023 y el 2024. Pero ¿y qué pasó con el uso de los recursos públicos del 2019 al 2022? ¿A poco ahí todo fue pureza y rectitud? El desfalco ya se cuantifica en cientos de millones de pesos, pero muy probablemente ascienda a miles de millones, provenientes de los recursos federales.
La información es PODER!!!
