LOS TESTIGOS EN LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE Y EL CASO DE OVIDIO GUZMÁN
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 17 de julio de 2025
En el sistema judicial de Estados Unidos, las fiscalías utilizan diversos tipos de testigos para construir casos sólidos, especialmente en delitos de alto perfil como el narcotráfico. Los testigos pueden clasificarse en testigos de hechos, que presenciaron un evento delictivo; testigos expertos, que aportan conocimientos técnicos; y testigos colaboradores, quienes, a menudo implicados en actividades criminales, cooperan con la justicia a cambio de beneficios como reducción de penas o protección.
El Programa Federal de Protección de Testigos (WITSEC), administrado por los U.S. Marshals, es un mecanismo clave para proteger a estos últimos (los colaboradores), otorgándoles nuevas identidades, reubicación y apoyo económico, especialmente cuando su testimonio pone en riesgo su vida. Este programa ha resguardado a más de 19,000 personas desde 1971, siendo fundamental para desmantelar redes criminales.
Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se ha declarado culpable de cuatro cargos por narcotráfico y delincuencia organizada en una corte de Chicago el 11 de julio de 2025, convirtiéndose en un testigo colaborador bajo el WITSEC. Su decisión responde a un acuerdo con la fiscalía estadounidense, que incluye proporcionar información y testimonios contra miembros del Cártel de Sinaloa, como Ismael “El Mayo” Zambada, a cambio de una sentencia reducida y protección para él y 17 familiares, incluida su madre, Griselda López Pérez. Este acuerdo, que también implica el pago de una multa de 80 millones de dólares, refleja su compromiso de asistir en investigaciones en jurisdicciones como Illinois, Nueva York y California, ofreciendo datos clave sobre el tráfico de fentanilo y otras operaciones del cártel.
Como testigo colaborador, Ovidio Guzmán se encuentra en una posición delicada pero estratégica. Su cooperación implica proporcionar información detallada sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa, incluyendo nombres de políticos, empresarios y proveedores de precursores químicos, según expertos como Mike Vigil, exagente de la DEA. Lo máximo que podría ocurrir con Ovidio es que su testimonio sea determinante en juicios contra capos como “El Mayo” o Rafael Caro Quintero, debilitando estructuras criminales. Además, su colaboración podría extenderse a revelar nexos con autoridades mexicanas, ya que, según su abogado Jeffrey Lichtman, los cárteles han sobornado a altos funcionarios mexicanos, lo que ha generado tensiones diplomáticas, como las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum al caso.
Las repercusiones de este caso en México son profundas. La colaboración de Ovidio podría intensificar la violencia en Sinaloa, donde la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos” ya ha desestabilizado la región tras la entrega de “El Mayo” por Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio. Las acusaciones de Lichtman sobre complicidad del gobierno mexicano, junto con la mención de casos como el del general Salvador Cienfuegos, han avivado la percepción de corrupción sistémica, generando fricciones con autoridades mexicanas que rechazan estas afirmaciones como “oportunismo mediático”. Además, la entrega voluntaria de 17 familiares de “El Chapo” a EE. UU. sugiere una negociación más amplia, lo que podría aumentar la desconfianza hacia las instituciones mexicanas.
El caso de Ovidio Guzmán ilustra cómo el sistema de testigos colaboradores en EE. UU. puede transformar el panorama del crimen organizado, pero también desata consecuencias transnacionales. Su papel como testigo protegido no solo busca desarticular al Cártel de Sinaloa, sino que podría exponer redes de corrupción en México, afectando a políticos, empresarios y funcionarios. Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos: la percepción pública en México cuestiona la legitimidad de proteger a criminales, y la seguridad de Ovidio y su familia dependerá de la efectividad del WITSEC. Mientras su sentencia se definirá en enero de 2026, el impacto de sus revelaciones seguirá resonando en ambos lados de la frontera, redefiniendo el combate al narcotráfico y las relaciones México-EE. UU.
A manera de conclusión quiero referirme a lo siguiente, porque lo he visto durante más de cinco décadas (medio siglo). La corrupción en México ha sido una constante histórica que trasciende colores partidistas, desde los gobiernos del PRI y el PAN hasta la actual administración de Morena. Durante décadas, insisto, se han documentado nexos entre funcionarios de alto nivel y el crimen organizado, con casos emblemáticos como el del general Salvador Cienfuegos, acusado de proteger al Cártel de los Beltrán Leyva, o las acusaciones contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, condenado en EE. UU. por vínculos con el narcotráfico. Estos ejemplos reflejan un sistema donde la complicidad, la simulación y el encubrimiento han sido prácticas recurrentes, permitiendo que políticos y funcionarios protejan a “los de casa” mientras proyectan una fachada de legalidad.
Esta dinámica no solo perpetúa la impunidad, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, alimentando una percepción de que el poder público sirve más a intereses privados que al bien común.
Con Morena en el poder desde 2018, las promesas de erradicar la corrupción y transformar el sistema han chocado con la realidad de señalamientos similares. Desde acusaciones contra gobernadores morenistas en estados como Guerrero o Zacatecas, hasta rumores de nexos con el crimen organizado en Sinaloa, persiste la narrativa de una “corrupción permanente” que parece adaptarse a cualquier partido en el poder. La retórica de la “Cuarta Transformación” contrasta con casos como el de Ovidio Guzmán, donde las críticas de complicidad entre autoridades mexicanas y cárteles, ventiladas en cortes estadounidenses, refuerzan la idea de hipocresía institucional. Este encubrimiento selectivo, donde se protege a aliados mientras se señala a adversarios, no solo perpetúa la impunidad, sino que agrava la inseguridad y la desconfianza, dejando a México atrapado en un ciclo de simulación que trasciende gobiernos y siglas partidistas.
¿Desde Estados Unidos provienen voces, incluida la de Trump, que exhiben la realidad mexicana? ¿Usted qué opina querido lector?
