LOS TRANSPORTISTAS DE MORELOS: ENTRE EL CHANTAJE Y LAS CANONJÍAS PERPETUAS
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 17 de diciembre de 2025
El encuentro de este miércoles entre la gobernadora Margarita González Saravia y los líderes de dos de las principales organizaciones de transportistas en Morelos no es un gesto de buena voluntad aislado, sino una respuesta forzada ante la enésima presión del gremio.
Dagoberto Rivera Jaimes, de la Federación Auténtica del Transporte, y Aurelio Carmona, de Rutas Unidas de Cuernavaca, han amenazado con bloqueos y paros si no se aprueba pronto un incremento tarifario que lleve la mínima de 10 a 15 pesos.
Este patrón de exigencia acompañada de advertencias de caos vial no es nuevo: los concesionarios han convertido la amenaza de paralizar la entidad en su principal herramienta de negociación desde hace décadas.
Detrás de las demandas de “justicia tarifaria” se esconde una realidad incómoda: el transporte público en Morelos está dominado por un reducido grupo de permisionarios que han acaparado concesiones a lo largo de los años, heredándolas entre familiares o vendiéndolas en un mercado negro que nada tiene que ver con la libre competencia.
Este monopolio informal les permite mantener privilegios como la operación de rutas sin licitación real, la evasión de regulaciones estrictas y la resistencia a cualquier intento de modernización que implique inversión propia.
Mientras tanto, las unidades circulan en condiciones deplorables, poniendo en riesgo diario a los usuarios.
Lo más grave es la brecha entre los dueños de las concesiones y los verdaderos trabajadores del sector. Los choferes, que son quienes enfrentan jornadas agotadoras al volante, carecen en su mayoría de seguridad social, prestaciones básicas o contratos dignos. Sus ingresos dependen de cuotas diarias impuestas por los permisionarios, que se quedan con la parte del león de lo recaudado. El argumento de que un aumento tarifario beneficiará a los operadores es, en la práctica, una falacia: históricamente, los ajustes han engrosado las arcas de los concesionarios sin traducirse en mejoras salariales ni condiciones laborales para los conductores.
Los recientes operativos de retiro de unidades chatarra han sido el detonante de la actual ofensiva. Por primera vez en años, el gobierno estatal ha intentado hacer cumplir la norma de sacar de circulación vehículos en mal estado, algo que los permisionarios han evadido sistemáticamente con amparos, influencias o simple desobediencia. En respuesta, amenazan con dejar sin transporte a la población, un chantaje que revela su verdadera prioridad: preservar el statu quo que les garantiza ganancias sin responsabilidad.
La reunión en Casa Morelos puede ser un intento loable de evitar el conflicto, pero también corre el riesgo de repetir el ciclo vicioso: ceder al aumento sin exigir contrapartidas reales como renovación masiva del parque vehicular, profesionalización de los operadores y transparencia en el destino de los recursos.
Mientras no se ataque de raíz el acaparamiento de concesiones y la explotación de los trabajadores, cualquier diálogo seguirá siendo una negociación con grupos de presión que han convertido el servicio público en su negocio privado.
Es hora de que el gobierno de Morelos deje de tratar a los transportistas como interlocutores inevitables y empiece a verlos como lo que son: un obstáculo para una movilidad digna. La ciudadanía no merece pagar más por un servicio peor, ni ser rehén de quienes han hecho del caos su moneda de cambio.
