Más allá de la Reforma Judicial, urge reformar al Ministerio Público
LA CRÓNICA DE MORELOS. Lunes 28 de octubre de 2024.
La propuesta de reformar el Poder Judicial a través de la elección popular de ministros, magistrados y jueces ha capturado la atención pública, destacándose como un esfuerzo de democratización y de respuesta a las demandas ciudadanas de transparencia y justicia.
Sin embargo, este planteamiento, por sí solo, no resolverá los problemas más profundos del sistema integral de seguridad pública en México.
Aquí es importante recordar cuáles son las cuatro columnas estructurales de dicho sistema: la prevención y disuasión de los delitos, a cargo de las corporaciones policiacas y ciertas fuerzas federales; la persecución de los mismos junto con la procuración de justicia; las sanciones por los delitos cometidos, aplicadas a través de los juzgados penales; y finalmente la reinserción o readaptación social. Si alguno de esos componentes falla, lo hace toda la estructura.
Es imperativo reconocer que el verdadero desafío radica en una reforma integral que abarque también la procuración de justicia, especialmente el papel del Ministerio Público, que es la institución responsable de investigar y perseguir los delitos. Hoy en día lo hace mediante fiscalías especializadas.
En México, el Ministerio Público representa la primera línea de contacto entre los ciudadanos y el sistema de justicia, y su misión es investigar los delitos y llevar a los responsables ante la justicia. No obstante, esta institución enfrenta numerosos obstáculos que limitan su efectividad y, en última instancia, erosionan la confianza pública.
Entre estos desafíos se encuentran la falta de autonomía, la corrupción, la politización, la insuficiencia de recursos y una evidente sobrecarga de trabajo. Hay otros, pero hoy solo mencionaré los anteriores.
Con respecto a la falta de autonomía, en muchos casos el Ministerio Público depende directamente de poderes políticos que influyen en sus decisiones, especialmente en investigaciones que involucran a funcionarios públicos o figuras de alto perfil. En ello tenemos mucha experiencia los morelenses. Esta influencia externa restringe la capacidad del MP para actuar con imparcialidad y dificulta la aplicación de justicia en casos complejos.
Además, la reforma de la procuración de justicia y el fortalecimiento del Ministerio Público deben tomar en cuenta el contexto de violencia e inseguridad que enfrenta México. En muchos casos, el MP es incapaz de proteger a los denunciantes y a las víctimas, especialmente en regiones con alta presencia de crimen organizado. Sin una institución sólida que inspire confianza y ofrezca protección efectiva, los ciudadanos se ven desincentivados a denunciar delitos, perpetuando el ciclo de impunidad. La reforma debe abordar este aspecto para que las personas encuentren en el Ministerio Público un aliado que resguarde sus derechos y garantice su integridad física y la de sus familiares.
Una transformación de fondo del Ministerio Público implica un cambio de paradigma en la relación del Estado con sus ciudadanos. La procuración de justicia no solo debe verse como un instrumento de legalidad, sino como una promesa de seguridad y justicia social. La ciudadanía necesita saber que cualquier injusticia, desde los delitos menores hasta la corrupción de altos funcionarios, será tratada con la misma seriedad.
El verdadero objetivo de una reforma integral es construir un sistema de justicia donde el Ministerio Público sea capaz de responder a las demandas ciudadanas con eficiencia, transparencia y justicia, logrando así que el ideal de un México seguro y justo no quede en palabras, sino que se convierta en una realidad y pase a formar parte de la cotidianeidad social sin temor, como hoy ocurre. A muchísimos servidores públicos adscritos a las agencias del Ministerio Público y/o fiscalías especializadas se les ve como enemigos o aliados del crimen organizado, y no como agentes gubernamentales encargados de tutelar los derechos constitucionales de los ciudadanos.
