México enfrenta alto riesgo político en 2026 por incertidumbre en tratados, reformas y economía: Integralia
Integralia ha señalado que México enfrentará un riesgo político elevado en 2026 debido a tres factores principales: la implementación de una reforma electoral controvertida, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y la persistente debilidad en la atracción de inversión extranjera.
Este panorama se agrava por la concentración de poder en la coalición gobernante, lo que podría derivar en decisiones arbitrarias, normativas desfavorables para los negocios y una menor protección jurídica para las empresas, todo ello en un contexto de crecimiento económico lento.
La renegociación del T-MEC representará una presión significativa para México, ya que podría requerir concesiones en temas de seguridad con Estados Unidos, así como en barreras no arancelarias, contenido regional y medidas para contener la influencia china en inversión y comercio.
Esta incertidumbre afectará directamente a los inversionistas y generará desafíos adicionales en costos y logística para las compañías mexicanas.
En cuanto a la reforma electoral, prevista para aprobarse en febrero de 2026, se anticipa una reducción en el pluralismo político, sobrerrepresentación del partido oficialista Morena y una mayor subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo. Esto implicará menor rendición de cuentas, debilitamiento de la oposición y un aumento en los riesgos de financiamiento irregular en las campañas electorales.
La reforma también impactará al Instituto Nacional Electoral (INE), limitando su capacidad operativa, facilitando la infiltración política en sus funcionarios y erosionando el profesionalismo en la organización de comicios, lo que podría minar la confianza de la ciudadanía en el proceso democrático. Aunque no se esperan resistencias significativas, incluso de aliados gubernamentales, la propuesta inicial podría sufrir modificaciones relevantes.
Adicionalmente, el intervencionismo estadounidense en la región latinoamericana, incluyendo México, podría generar tensiones diplomáticas y reacciones nacionalistas con consecuencias imprevisibles.
La baja inversión se explica por la incertidumbre generada en reformas previas, como la judicial y otras regulatorias, junto con señales mixtas del gobierno en sectores clave como energía y telecomunicaciones.
Por último, el nuevo Poder Judicial, influido por criterios de politización y proximidad popular, enfrentará desafíos como falta de experiencia en jueces, retrasos procesales y resoluciones con debilidades jurídicas, lo que deteriorará el clima de negocios y afectará particularmente a las empresas en disputas legales.
