MORELOS: ALCALDES BAJO LA LUPA DEL CRIMEN
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 10 de febrero de 2026
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de investigar a todos los candidatos a cargos de elección popular para evitar nexos con el crimen organizado llega en un momento crítico para Morelos, donde la complicidad entre alcaldes y grupos delictivos no es un rumor reciente, sino una realidad dolorosa que hemos constatado durante años.
Una nota del diario Excélsior destaca esta iniciativa nacional, motivada por casos como el del alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero en nuestro estado la situación es aún más alarmante: al menos cinco presidentes municipales están bajo investigación federal por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincencia Organizada (FEMDO), según confirmó el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, a partir de denuncias ciudadanas y evidencias acumuladas.
En Morelos, esta colusión no es nueva. Desde hace más de una década, hemos visto cómo municipios enteros se convierten en feudos donde el crimen organizado dicta el ritmo de la vida cotidiana: extorsiones a comerciantes, control de obras públicas, infiltración en policías municipales y hasta reuniones documentadas con líderes criminales. Un ejemplo flagrante es el video que circuló en 2025 mostrando a los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan junto a “El Barbas”, presunto operador del Cártel de Sinaloa en la región oriente.
Esas imágenes no solo evidenciaron posibles pactos, sino que reflejaron un patrón sistemático: alcaldes que, en lugar de combatir la delincuencia, parecen optar por la convivencia o la sumisión para mantenerse en el poder. La ciudadanía, harta de la inseguridad y la impunidad, ha sido la principal fuente de denuncias que ahora obligan a las autoridades federales a actuar.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum —que incluye coordinación del INE con instancias federales y locales para revisar perfiles, fiscalizar recursos de campaña y exigir investigaciones previas— podría ser un freno necesario, pero en Morelos urge que se aplique con urgencia y sin distingos partidistas. Porque mientras el problema se enquista en lo local, las soluciones nacionales llegan tarde para familias que viven bajo el yugo de grupos como el CJNG o La Familia Michoacana, que en algunos ayuntamientos prácticamente cogobiernan. Si no se depura de raíz la infiltración en las alcaldías, cualquier reforma electoral quedará en buenas intenciones, y el estado seguirá pagando el costo en vidas, economía y confianza institucional.
Lo más grave es que esta complicidad debilita la democracia desde su base: el municipio. Cuando un alcalde entrega el control de la policía, la tesorería o las licencias de funcionamiento a cambio de protección o financiamiento ilícito, no solo traiciona a sus electores, sino que convierte al gobierno local en una extensión del crimen. En Morelos hemos visto cómo esta dinámica perpetúa la violencia, desalienta la inversión y erosiona la autoridad legítima.
Las investigaciones en curso contra esos cinco ediles —y posiblemente más— representan una oportunidad para romper el ciclo, pero solo si se traducen en detenciones, juicios y condenas ejemplares, sin pactos de impunidad ni protecciones políticas.
Morelos no puede seguir siendo el talón de Aquiles de la seguridad nacional por la debilidad o complicidad de sus alcaldes. La propuesta de investigaciones obligatorias a candidatos es un paso en la dirección correcta, pero el verdadero cambio vendrá cuando la ciudadanía exija cuentas, las autoridades actúen sin titubeos y se rompa de una vez por todas esa cadena de complicidades que ha convertido a algunos municipios en zonas de control criminal.
Es hora de que Morelos deje de ser noticia por sus alcaldes investigados y empiece a ser ejemplo de recuperación de la gobernabilidad. El clamor popular ya no admite más parches: exige justicia y autoridades limpias.
