MORELOS AVANZA EN BLINDAJE CONTRA LA VIOLENCIA: EL CONGRESO PRIORIZA A NIÑOS Y MUJERES EN REFORMAS HISTÓRICAS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 27 de febrero de 2026
El Congreso de Morelos dio este jueves un paso significativo hacia una sociedad más protectora y equitativa. En sesión ordinaria, la LVI Legislatura aprobó un paquete de reformas que, en su núcleo, priorizan la defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, elevando a rango constitucional la igualdad sustantiva de género y el derecho a una vida libre de violencias, con deberes reforzados del Estado.
Estas modificaciones, junto con actualizaciones en leyes familiares, penales y de protección infantil —como la imprescriptibilidad de delitos contra menores, la pérdida de patria potestad por abuso sexual, la inclusión del vapeo como corrupción de menores y medidas obligatorias de apoyo a migrantes infantiles—, representan el aspecto más relevante del día.
Esto no es solo un ajuste normativo: es una respuesta directa a heridas abiertas en Morelos por la violencia de género, el abuso infantil y la impunidad, que siguen cobrando vidas y marcando generaciones.
En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, estas reformas fortalecen el tejido social al priorizar a los más vulnerables y obligar a mayor rendición de cuentas en la Fiscalía, mientras incorporan visiones modernas como los empleos verdes y la perspectiva de género en suicidios.
Aunque su impacto real dependerá de la implementación y recursos, marcan un avance valioso hacia un Morelos más justo y humano.
El Congreso estatal demostró que, más allá de discursos, es posible traducir urgencias sociales en cambios concretos al marco jurídico. El aval a dos reformas constitucionales —una que consagra la igualdad sustantiva de las mujeres y el deber reforzado del Estado de protegerlas a ellas, a niñas, niños y adolescentes de toda forma de violencia, y otra que impone informes semestrales obligatorios a la Fiscalía General y Anticorrupción— no son meras actualizaciones técnicas. Representan un compromiso institucional con romper ciclos de impunidad y opacidad que han lacerado a la entidad durante años.
Lo más contundente, sin embargo, radica en el paquete de protección a la infancia y la mujer: desde la obligación del DIF de atender médicamente y psicológicamente a menores migrantes o repatriados, hasta la imprescriptibilidad de acciones por daños a niños y adolescentes, pasando por la pérdida automática de patria potestad en casos de abuso sexual sentenciado, la inclusión del vapeo como delito de corrupción de menores y la exigencia de investigar suicidios femeninos con perspectiva de género.
Estas medidas responden a realidades dolorosas: feminicidios persistentes, explotación infantil, adicciones emergentes entre jóvenes y la vulnerabilidad de niños en contextos migratorios.
Además, el impulso a empleos verdes en la Ley de Desarrollo Económico Sustentable abre una ventana hacia un futuro más equilibrado, donde el crecimiento no sacrifique el medio ambiente ni el empleo digno.
Y la propuesta para tipificar la “violencia vicaria” a nivel federal —manipulación de hijos como arma en conflictos de pareja— muestra visión integral.
Estas reformas son un acierto porque colocan al ser humano vulnerable en el centro, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el verdadero desafío inicia ahora: presupuestos adecuados, capacitación de servidores públicos, monitoreo ciudadano y cero tolerancia a la simulación.
Morelos no puede permitirse que estas victorias legislativas queden en el papel. Hoy, el Congreso ha tendido una red de protección más sólida; corresponde a toda la sociedad —gobierno, familias, organizaciones— hacerla efectiva para que mañana no haya más víctimas que lamentar.
