MORELOS EN 2025: ESTABILIDAD RELATIVA BAJO LA SOMBRA DE LA INSEGURIDAD
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 30 de julio de 2025
Morelos, bajo la administración de la gobernadora Margarita González Saravia, quien asumió el cargo en octubre de 2024, parece disfrutar de una relativa calma en términos de conflictos sociales y políticos, salvo por el persistente desafío de la inseguridad. Este estado, históricamente marcado por tensiones derivadas de la violencia criminal, disputas por recursos naturales y desigualdad social, no presenta en 2025 movilizaciones significativas contra la mandataria.
Sin embargo, la ausencia de conflictos visibles no implica que no existan demandas latentes. Aplicando un marco analítico basado en el origen, temporalidad, expresión, organización y alcance de las demandas, se puede evaluar la situación actual de Morelos y los retos que enfrenta la administración de González Saravia.
El principal conflicto en Morelos sigue siendo la inseguridad, alimentada por el crimen organizado, con problemas como extorsión, asaltos y homicidios. Estas demandas, de carácter reivindicativo, buscan soluciones inmediatas como mayor presencia policial o estrategias efectivas contra el crimen. Sin embargo, la violencia también tiene raíces estructurales, ya que grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación operan en la región, lo que exige reformas profundas en el sistema de seguridad. La percepción de ineficacia en este rubro podría generar tensiones para la gobernadora si no se logran avances concretos.
En términos de temporalidad, la inseguridad es un problema permanente que trasciende administraciones. Protestas específicas tras incidentes violentos, como homicidios, suelen ser coyunturales, pero la lucha contra el crimen organizado es de largo plazo. Otros conflictos, como los relacionados con recursos naturales, como el agua o la tierra, permanecen latentes. Aunque no hay reportes de movilizaciones activas en 2025, casos históricos como la oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM) muestran que estas demandas pueden resurgir si se proponen nuevos proyectos de desarrollo.
La forma de expresión de las demandas varía según el contexto. En el caso de la inseguridad, las comunidades suelen recurrir a estrategias pasivas, como la organización vecinal para autoprotección, aunque marchas y bloqueos pueden surgir tras eventos violentos específicos. Los conflictos históricos por recursos naturales, como el PIM, se han caracterizado por expresiones activas, como protestas y ocupaciones de espacios públicos. Hasta ahora, la administración de González Saravia no enfrenta manifestaciones activas significativas, lo que sugiere una etapa de relativa estabilidad.
Por su organización, las demandas relacionadas con la inseguridad suelen ser espontáneas, surgidas de ciudadanos afectados por la violencia, o independientes, lideradas por colectivos comunitarios. En contraste, conflictos latentes por recursos naturales o derechos humanos suelen estar encabezados por organizaciones civiles autónomas, como las que se opusieron al PIM. Las tensiones políticas, aunque no prominentes en este momento, podrían volverse afiliadas si partidos de oposición capitalizan el descontento, especialmente en un estado polarizado como Morelos.
En cuanto al alcance, la inseguridad tiene un impacto tanto local, en municipios como Cuernavaca o Jiutepec, como nacional, al ser parte del problema del crimen organizado en México. Las demandas por recursos naturales suelen ser locales o regionales, afectando a comunidades específicas, mientras que las relacionadas con derechos humanos, como la justicia por desapariciones, se conectan con movimientos nacionales. Esta diversidad de alcances refleja la complejidad de los retos que enfrenta Morelos.
La calma relativa bajo González Saravia puede atribuirse a que su administración aún está en una etapa inicial, con menos de un año en el poder. Sin embargo, la historia de Morelos, marcada por conflictos como los de la gestión de Cuauhtémoc Blanco, sugiere que la estabilidad podría ser frágil. La gobernadora enfrenta el desafío de abordar la inseguridad y prevenir el resurgimiento de tensiones latentes, como las derivadas de proyectos de desarrollo o acusaciones de corrupción. Su capacidad para responder a estas demandas será crucial para mantener la gobernabilidad.
En conclusión, Morelos en 2025 vive un momento de aparente estabilidad bajo Margarita González Saravia, pero la inseguridad sigue siendo el principal conflicto, con demandas reivindicativas y estructurales que requieren atención urgente. Otros problemas, como los relacionados con recursos naturales y derechos humanos, permanecen latentes, listos para resurgir si no se gestionan adecuadamente. La gobernadora tiene la oportunidad de consolidar su liderazgo abordando estos retos con transparencia y eficacia, pero el camino hacia una estabilidad duradera dependerá de su capacidad para responder a las demandas ciudadanas en un estado con un historial de tensiones sociales y políticas.
