No hay silencio que alcance: ¿El caso Kimberly representa el fin de ciclo en la rectoría de la UAEM?
LA CRÓNICA DE MORELOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 4 de marzo de 2026
La crisis en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha dejado de ser un asunto meramente universitario para convertirse en un símbolo nacional de la inseguridad que azota los campus, la violencia de género y la fragilidad de las instituciones públicas ante la indignación colectiva.
El feminicidio de Kimberly Joselín Ramos Beltrán —desaparecida el 20 de febrero de 2026 dentro del Campus Chamilpa y localizada sin vida el 2 de marzo— no solo ha conmocionado a Morelos, sino que escaló hasta la Cámara de Diputados federales, donde el diputado morenista Juan Ángel Flores Bustamante solicitó este miércoles un minuto de silencio acompañado de un discurso que honró su memoria y puso el foco en la violencia contra las mujeres. Este gesto, lejos de ser protocolario, es político en su esencia: proviene de un legislador del partido en el poder y eleva el caso a la agenda nacional, asociándolo a temas estructurales como la impunidad, la falla en protocolos de seguridad y la responsabilidad de las autoridades educativas.
Desde el inicio, el conflicto mostró signos de escalada. Lo que comenzó como protestas locales por la desaparición —bloqueos, tomas de instalaciones y demandas de mayor vigilancia— rápidamente trascendió el ámbito regional al involucrar mesas de diálogo con la gobernadora Margarita González Saravia, la fiscalía estatal y sindicatos universitarios.
Pero el hallazgo del cuerpo cambió todo: de una búsqueda con vida se pasó a la exigencia de justicia por feminicidio, con un detenido ya en prisión preventiva. Las marchas masivas —hasta tres mil estudiantes en algunas— han gritado consignas como “La UAEM no me cuida” o “Me cuidan mis amigas”, reflejando una desconfianza profunda hacia la institución.
Divisiones en las protestas son evidentes: mientras algunos grupos marchan con respaldo oficial de la rectoría, otros exigen abiertamente la salida de Viridiana Aydeé León Hernández, acusándola de reacción tardía, incumplimiento de acuerdos, ausentismo en el diálogo y hasta negligencia en la seguridad interna.
La rectora, elegida en 2023 con amplio respaldo, enfrenta ahora un tambaleo evidente. Ha emitido comunicados condenando la violencia, declarado luto institucional, anunciado refuerzos inmediatos —más elementos de vigilancia, botones de pánico, alumbrado mejorado y capacitación con perspectiva de género— y reiterado colaboración con la fiscalía.
Sin embargo, sus intervenciones han sido mayoritariamente por video o comunicado, y escenas como su retiro abrupto del campus en medio de protestas —incluso reportes de tensión al intentar salir— han alimentado percepciones de desconexión y simulación.
El Consejo Universitario mantiene sesión permanente en su Comisión de Seguridad, pero la presión estudiantil y sindical crece: hay llamados a destitución, denuncias por vandalismo en instalaciones (con contradenuncias posibles) y un clamor que vincula su gestión a la crisis de inseguridad endémica en Morelos.
En términos de prospectiva política, cuando un conflicto cruza de lo local a lo nacional —como ocurrió con el minuto de silencio en San Lázaro y la cobertura en medios de alcance nacional—, los impactos dejan de ser coyunturales y se vuelven estructurales. Los actores se asocian: estudiantes con sindicatos, gobierno estatal con federal, medios con opinión pública. El Ejecutivo morelense evita absorber plenamente el costo político, limitándose a coordinación en seguridad sin endosar una defensa irrestricta.
Sin embargo, la política, como tantas veces he dicho, no obedece a la lógica pura, sino a las circunstancias: un detonante adicional —revelaciones de negligencia probada, escalada en protestas o más voces nacionales— podría precipitar la dimisión o remoción de la rectora por el Consejo Universitario.
La UAEM enfrenta un momento definitorio. Más allá de la persona de la rectora, la crisis interpela a toda la comunidad universitaria y al estado: ¿cómo reconstruir confianza cuando la máxima casa de estudios se percibe como insegura? La respuesta no estará solo en comunicados o medidas reactivas, sino en acciones concretas, diálogo genuino y asunción real de responsabilidades.
Mientras tanto, el nombre de Kimberly Joselín ya no es solo una víctima más: es el recordatorio doloroso de que la autonomía universitaria no puede ser excusa para la indiferencia ante la violencia que acecha en sus propios pasillos. Morelos, y México, observan.
