NUEVA EXHUMACIÓN EN JOJUTLA
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 06 de noviembre de 2024
La decisión de realizar una nueva exhumación en el panteón Pedro Amaro de Jojutla, del 6 de noviembre al 15 de diciembre, se ha visto influenciada por varios factores históricos y sociales. Desde el año 2017 se han realizado exhumaciones en Jojutla debido a la identificación de fosas comunes donde se sospechaba que fueron inhumadas personas desaparecidas o víctimas de violencia. Estas fosas contenían cuerpos que no habían sido identificados adecuadamente en el pasado, lo que generó controversia y la necesidad de continuar con investigaciones para proporcionar justicia y respuestas a las familias de los desaparecidos.
Colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos han presionado continuamente para que se lleven a cabo estas exhumaciones. La insistencia en estos grupos busca no solo encontrar a sus seres queridos, sino también esclarecer los crímenes y castigar a los responsables, promoviendo así la memoria histórica y la justicia.
En el pasado, se han denunciado irregularidades en los procesos de exhumación, como la falta de transparencia, acceso a información relevante y la limitación en la profundidad de las excavaciones. Estas irregularidades generaron desconfianza hacia las autoridades y motivaron la reanudación de las labores para asegurar que se haga un trabajo exhaustivo y transparente.
Las exhumaciones se han retomado para continuar con la identificación de restos humanos, facilitada por avances en técnicas forenses y la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y organizaciones civiles. Este esfuerzo busca identificar a las víctimas y, si es posible, devolver sus restos a sus familias para una inhumación digna.
La nueva exhumación en el panteón Pedro Amaro, por lo tanto, es una continuación de un proceso que busca rectificar errores pasados, cumplir con demandas sociales de justicia y memoria, y proceder con investigaciones pendientes sobre desapariciones forzadas y crímenes asociados con las fosas comunes descubiertas en la región.
Sin embargo, existe la posibilidad de que la nueva exhumación en el panteón Pedro Amaro de Jojutla sea politizada, tal como lo constatamos en el pasado. Parece haber circunstancias diferentes a las anteriores, cuando grupos antagónicos al entonces gobernador Graco Ramírez consiguieron sacar raja política y muchísimos espacios mediáticos.
Espero que la nueva situación no llegue a la politización. Hoy percibo una clara presión de colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de búsqueda para que se involucren diversas entidades gubernamentales, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional. Esto refleja no solo una demanda de justicia sino también una vigilancia sobre el proceso para evitar las irregularidades que se denunciaron en exhumaciones anteriores.
Los colectivos buscan la participación activa de instituciones federales en el proceso de exhumación y en la toma de muestras de ADN, lo que podría indicar una mayor presión (más no politización) en el sentido de que se busca un compromiso más allá de lo local o estatal, posiblemente para asegurar transparencia y profesionalismo en los procedimientos.
No obstante, la politización actual podría ser vista más como una crítica constructiva hacia las administraciones pasadas y actuales por su manejo de los casos de desaparición y la gestión de las fosas comunes. El énfasis está en la necesidad de una intervención más eficaz y en la rendición de cuentas, más que en la política partidista tradicional.
Las redes sociales y medios digitales están siendo utilizados para hacer visibles estas demandas, lo cual puede amplificar la percepción de politización. Sin embargo, esto también refleja la adaptación de la sociedad civil a herramientas modernas para exigir justicia y transparencia.
La politización podría estar más alineada con la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica que con agendas partidistas específicas. La insistencia en la participación de organismos nacionales como la FGR y la Guardia Nacional indica un esfuerzo por asegurar que estos procesos se alineen con estándares internacionales y nacionales de derechos humanos.
En el pasado la politización estuvo más centrada en la disputa entre partidos políticos, pero la presión actual parece enfocarse en la eficacia del proceso de justicia, la transparencia, y la participación de entidades que puedan aportar mayor credibilidad y recursos al proceso de exhumación y búsqueda de personas desaparecidas. Esto no implica necesariamente una ausencia de politización, sino una evolución en su naturaleza, centrándose en la exigencia de justicia y verdad. Ya veremos.
