NUEVOS AIRES EN LA RELACIÓN DEL EJECUTIVO Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 26 de diciembre de 2024
La gestión de Margarita González Saravia en la asignación de 272 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para el pago de prestaciones de fin de año tiene una trascendencia considerable tanto en términos financieros como en la estabilidad institucional. Este movimiento no solo resuelve una urgencia económica inmediata para la universidad, sino que también refuerza la relación entre el gobierno estatal y una de las instituciones educativas más importantes del estado. La gobernadora ha logrado, a través de negociaciones bipartitas con el Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP), asegurar recursos que permiten cumplir con las obligaciones laborales, evitando así potenciales conflictos laborales que derivarían en paros o huelgas.
Este acto de gestión demuestra una clara comprensión de la importancia de la educación pública y el bienestar de sus trabajadores en la estabilidad social y política de Morelos. Al prevenir un conflicto entre la Rectoría, el Ejecutivo y los trabajadores sindicalizados, González Saravia refuerza su imagen como una líder comprometida con la gobernabilidad y la paz social. La evitación de huelgas o paros laborales en una institución tan central como la UAEM no solo beneficia a los más de 6,500 empleados directos, sino que también asegura la continuidad educativa para miles de estudiantes, lo cual es fundamental para la reputación y el desarrollo de Morelos.
La estrategia de González Saravia va más allá de la resolución de una crisis puntual; su visión incluye la creación de mesas de trabajo para una evaluación financiera continua de la UAEM. Esta proactividad sugiere una intención de abordar problemas estructurales que históricamente han afectado a la universidad, buscando soluciones a largo plazo que garanticen su viabilidad financiera. Esta medida no solo evita conflictos presentes, sino que previene futuras tensiones, demostrando una administración que piensa en la sostenibilidad de la educación superior en el estado.
La colaboración entre la gobernadora, el gobierno federal y la SEP también es una señal de un enfoque cooperativo que podría sentar precedentes para la resolución de problemas similares en otras entidades educativas del país. La asignación de recursos adicionales para el siguiente año fiscal refleja un compromiso continuo con la educación, lo que puede fortalecer la relación entre los diferentes niveles de gobierno y las instituciones educativas, promoviendo una cultura de apoyo mutuo y responsabilidad compartida.
Asimismo, el reconocimiento por parte de la rectora de la UAEM y de los líderes sindicales a la gestión de González Saravia subraya la importancia de este acto no solo en términos económicos, sino también en la construcción de confianza y colaboración entre las partes interesadas. Este logro no solo se traduce en estabilidad inmediata y cero conflictos, sino que también puede ser visto como un paso hacia una administración más transparente y orientada al bienestar colectivo, lo cual es esencial para el desarrollo y la paz social en Morelos
La relación entre el Poder Ejecutivo de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a juzgar por lo que observamos, experimenta un cambio notable en cuanto a circunstancias financieras y políticas, marcando un distanciamiento claro de los tiempos oscuros de la gestión del prófugo exrector Alejandro Vera Jiménez, quien enfrentó y sigue enfrentando acusaciones de corrupción y desvío de recursos. Hoy, bajo la administración de la gobernadora Margarita González Saravia y la rectora Viridiana León Hernández, se observa un compromiso renovado hacia la transparencia y la administración responsable de los fondos públicos. La asignación de los 272 millones de pesos para el pago de prestaciones de fin de año a los trabajadores de la UAEM es un ejemplo claro de esta nueva dirección, donde la colaboración bipartita y la planificación financiera buscan no solo cumplir con las obligaciones contractuales sino también asegurar la estabilidad y sostenibilidad de la universidad, dejando atrás la sombra de la corrupción y dando paso a una era de confianza y buen gobierno en la gestión de recursos educativos.