OPERACIÓN ENJAMBRE: ¿POR QUÉ MORELOS SIGUE ESPERANDO?
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 5 de febrero de 2026
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció este jueves 5 de febrero la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, junto con tres funcionarios municipales (directores de Seguridad Pública, Catastro y Predial, y Obras Públicas), en el marco de la Operación Enjambre. Las acusaciones incluyen extorsión a empresas cerveceras y tequileras, así como presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esta captura se suma a detenciones previas en el Estado de México, donde al menos tres presidentes municipales —de municipios como Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y otros cercanos— han caído por delitos como homicidio, secuestro exprés y nexos con la Familia Michoacana. La estrategia federal busca desmantelar redes de corrupción en gobiernos locales que facilitan la extorsión y el crimen organizado.
En Morelos, las alertas no son nuevas. Desde inicios de 2025 y con mayor fuerza a partir de febrero, García Harfuch confirmó investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra varios alcaldes y funcionarios por posibles colusiones con grupos delictivos, incluyendo el CJNG y células del Cártel de Sinaloa. Casos reiteradamente exhibidos involucran a ediles de la región oriente, como los de Cuautla (Jesús Corona Damián) y Atlatlahucan (Agustín Toledano Amaro), señalados en videos y denuncias por reuniones con operadores criminales como “El Barbas”. Reportes indican que hasta 17 de los 36 municipios morelenses podrían estar bajo escrutinio federal por indicios similares de protección o vínculos con el narco.
La Operación Enjambre ha demostrado ser efectiva en otros estados: detenciones rápidas, cateos coordinados entre SSPC, Sedena, Semar, FGR y CNI, y resultados visibles contra autoridades coludidas. En Jalisco y Edomex, las evidencias ciudadanas y de inteligencia han derivado en acciones concretas. En Morelos, las denuncias y pruebas públicas —videos, testimonios y reportes de presencia de cárteles— no son escasas, lo que hace viable un despliegue similar. Sin embargo, la pregunta obligada es por qué la federación no ha activado un “enjambre” aquí, pese a que las evidencias señalan colusión municipal con células delictivas que extorsionan, controlan territorios y generan violencia.
La inacción aparente en Morelos genera sospechas de lentitud institucional, posibles resistencias locales o prioridades federales enfocadas en otros focos de alta visibilidad. Mientras alcaldes exhibidos siguen en funciones, el crimen organizado mantiene (hasta ciertos puntos) su influencia en ayuntamientos, debilitando la gobernabilidad y la confianza ciudadana. La ausencia de operativos contundentes contrasta con la rapidez vista en Jalisco o Edomex, donde las denuncias derivaron en capturas casi inmediatas.
Urge que la federación aplique el mismo rigor en Morelos: investigaciones exhaustivas, detenciones cuando proceda y un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. La colusión entre autoridades municipales y el crimen no solo perpetúa la inseguridad, sino que erosiona la democracia local. Si las evidencias existen —y García Harfuch las ha reconocido—, la pregunta no es si se puede actuar, sino por qué no se ha hecho ya. Morelos no puede esperar más mientras otros estados ven resultados de la Operación Enjambre.
