¿Pagamos como en Suiza y recibimos como en Haití? La carga fiscal y el retorno pendiente en México
En México, un trabajador que percibe un salario bruto mensual de 20,000 pesos ve cómo, mes tras mes, el gobierno le retiene alrededor de 2,300 a 2,800 pesos solo por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), según las tablas actualizadas del SAT para 2026. A esto se suman las cuotas obrero-patronales al IMSS que el empleado asume directamente (en torno a 400-500 pesos mensuales por conceptos como enfermedades, maternidad, invalidez y vejez). El resultado: un sueldo neto que ronda los 17,000 a 17,500 pesos, dependiendo de variables como subsidio al empleo o ajustes anuales.
Pero la factura no termina ahí. Cada compra cotidiana añade más presión: el IVA del 16% grava casi todo lo que consumimos, y en productos como gasolina, refrescos, alcohol y cigarros se aplica adicionalmente el IEPS, que puede elevar el impacto efectivo hasta un 30-40% en el precio final de la gasolina.
Si asumimos que el neto se gasta íntegramente en bienes y servicios gravados, la carga fiscal indirecta puede empujar el total (directo + indirecto) por encima del 25-35% del ingreso bruto, una estimación que coincide con estudios del CIEP y la OCDE para ingresos medios en el país.
Este panorama no es nuevo, pero en 2026 adquiere mayor relevancia. El SAT reportó en enero un récord histórico de recaudación para 2025: más de 6 billones de pesos en ingresos federales, con tributarios superando los 5.35 billones (un crecimiento real del 4% respecto a 2024). El ISR captó casi 2.9 billones, el IVA 1.5 billones y el IEPS más de 670 mil millones. Para 2026, las proyecciones apuntan a un incremento adicional, impulsado por mayor fiscalización y cambios en el IEPS a productos como bebidas azucaradas y tabaco. Sin embargo, México sigue rezagado en la OCDE: su recaudación como porcentaje del PIB ronda el 18.3%, muy por debajo del promedio internacional de alrededor del 34%.
La pregunta inevitable surge: ¿qué recibe a cambio el contribuyente de clase media? La respuesta es mixta y frustrante. Por un lado, el gobierno ha priorizado programas sociales directos —pensiones, becas y apoyos— que benefician a millones y explican parte del gasto récord. Sin embargo, persisten problemas crónicos en servicios universales.
El desabasto de medicamentos en instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar sigue siendo una realidad documentada en 2026: reportes de incumplimientos en cientos de millones de piezas durante 2025, faltas en tratamientos oncológicos y oncológicos, y denuncias en hospitales pediátricos donde familias deben comprar insumos por su cuenta. Aunque el gobierno asegura que la compra consolidada 2025-2026 garantiza el suministro y distribuciones masivas comenzaron en marzo, la percepción de inseguridad en la cadena de suministro no ha desaparecido del todo.
En infraestructura, las calles y carreteras en muchas entidades —especialmente rurales y municipales— continúan en mal estado, con baches y falta de mantenimiento que contrastan con las grandes obras emblemáticas. La inseguridad, por su parte, mantiene una percepción elevada: según la ENSU del INEGI de septiembre 2025, el 63% de la población adulta en zonas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad (con picos superiores al 84% en lugares como Cuernavaca, Ecatepec o Chilpancingo). Aunque hay reducciones en algunos homicidios, el temor persiste y afecta la calidad de vida diaria.
La analogía de “cobrar como en Suiza y gobernar como en Haití” es, sin duda, hiperbólica y cargada de ironía política. Suiza recauda mucho más (alrededor del 34% del PIB) pero ofrece servicios de alta calidad, baja corrupción y seguridad envidiable. Haití representa el extremo opuesto de caos y pobreza. México está en un punto intermedio: carga fiscal media-baja comparada con países desarrollados, pero regresiva (mucho peso en consumo vía IVA e IEPS) y con un retorno en servicios que genera frustración en la clase media asalariada, que paga impuestos directos y usa poco lo público por preferir opciones privadas.
No se trata de “saqueo institucionalizado”, como algunos lo llaman en redes, sino de un desbalance real entre lo recaudado y la eficiencia en su uso. La 4T y su continuación han logrado récords en recaudación sin reformas fiscales mayores, gracias a digitalización y combate a la evasión. Ahora el reto es traducir esos recursos en mejoras tangibles en salud, infraestructura y seguridad, para que el contribuyente sienta que su esfuerzo vale la pena. De lo contrario, la percepción de injusticia seguirá creciendo, y con ella el debate sobre si el modelo actual es verdaderamente de “justicia social” o solo una redistribución parcial que deja pendientes a quienes sostienen el sistema con su trabajo diario.
