PEMEX: SUS DUCTOS, UN RIESGO PERSISTENTE JUNTO CON EL HUACHICOLEO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 25 de julio de 2025
En 2022, escribí sobre una reunión entre el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, y Cecil Knigth Heftye, superintendente de la planta CIVAC de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en el concurrido Paseo Cuauhnáhuac. Aquel encuentro buscaba fortalecer la coordinación entre el municipio y la paraestatal para atender la seguridad de los ductos y el riesgo que representan para las más de 30 colonias asentadas en sus alrededores, muchas construidas sobre el poliducto. Hablé entonces del peligro latente de una explosión, ya sea por fallas técnicas o por la ordeña clandestina conocida como “huachicol”.
Tres años después, los hechos confirman que el problema no solo persiste, sino que sigue siendo una amenaza para la seguridad de Morelos. Este miércoles 24 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), en un operativo conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Pemex y la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, llevó a cabo un cateo en un predio en Huitzilac, específicamente en el poblado de Tres Marías, sobre la carretera México-Cuernavaca. La acción, motivada por denuncias ciudadanas que reportaron un fuerte olor a gasolina, resultó en el aseguramiento de 19 contenedores y cinco tanques tipo Frac Tank con capacidad de hasta 80 mil litros, todos conteniendo líquido con características de hidrocarburo. El inmueble quedó bajo custodia del Ministerio Público Federal para continuar las investigaciones. Este decomiso pone en evidencia que el “huachicol” sigue siendo un desafío en la región, a pesar de los esfuerzos federales por combatirlo.
Este evento me remite a incidentes pasados que subrayan la gravedad del problema. En mi columna de 2022, recordé la explosión del 19 de diciembre de 2010 en San Martín Texmelucan, Puebla, donde una toma clandestina en un poliducto de Pemex dejó 29 muertos y decenas de heridos. También mencioné un incidente del 1 de febrero de 2006 en la estación Montecristo, cerca de Huitzilac, donde una fuga de gasolina “Premium” en el poliducto Añil-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 58 de la carretera México-Cuernavaca (en jurisdicción de Huitzilac), generó una emergencia ambiental. Aunque Pemex atribuyó la falla a una válvula defectuosa, los habitantes locales señalaron que se trataba de una toma clandestina operada por huachicoleros.
Otro caso que no puedo pasar por alto ocurrió en la colonia Flores Magón, en Cuernavaca, donde en años recientes se detectó una toma clandestina en un oleoducto de Pemex. Aunque los detalles específicos de este evento son escasos en los registros públicos, la recurrencia de estas actividades en zonas urbanas densamente pobladas refuerza la percepción de riesgo constante. La cercanía de asentamientos humanos a los ductos, combinada con el crecimiento desordenado de la mancha urbana, sigue siendo una bomba de tiempo.
Desde 2005, Pemex y el Congreso de Morelos han reconocido los riesgos asociados al crecimiento de asentamientos irregulares sobre los derechos de vía de los ductos. Hace dos décadas, la paraestatal solicitó al gobierno estatal y al municipio de Cuernavaca reubicar a las familias que construyeron viviendas en estas zonas de alto riesgo, advirtiendo que la falta de respeto a los perímetros de seguridad incrementa la posibilidad de fugas o explosiones. A pesar de estas advertencias, el problema no ha hecho más que agravarse. Entre 2019 y 2024, Pemex reportó pérdidas por 75 mil 710 millones de pesos debido al robo de combustible, y aunque en 2024 se registró una disminución del 13.4 por ciento en tomas clandestinas (10,393 a nivel nacional), Morelos sigue siendo un punto crítico.
La tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en 2019, con 137 muertos tras la explosión de un ducto perforado por huachicoleros, es un recordatorio doloroso de las consecuencias de este delito. En Huitzilac, el reciente cateo de la FGR no reportó detenciones, pero sí reveló la magnitud de las operaciones clandestinas en la zona.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo se logrará controlar esta actividad que pone en riesgo vidas, finanzas públicas y el medio ambiente? La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado los operativos, con decomisos históricos como los 15 millones de litros en Coahuila en 2023 y más de 14.3 millones desde octubre de 2024. Sin embargo, la impunidad persiste, y en estados como Morelos, las denuncias penales contra huachicoleros son escasas.
La colaboración entre Pemex, el gobierno municipal y las autoridades federales es crucial, pero insuficiente si no se aborda el crecimiento urbano descontrolado y la complicidad de algunos actores, incluidos posibles funcionarios dentro de Pemex, como se ha señalado en investigaciones previas. El fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos y el ERUM, como se planteó en 2022, sigue siendo una necesidad urgente, al igual que una estrategia integral que combine vigilancia, sanción y prevención. Mientras los ductos de Pemex sigan siendo blanco de los huachicoleros, las más de 150 mil familias que viven sobre o cerca de ellos en Cuernavaca seguirán bajo una amenaza silenciosa pero constante.
