POBRES CONTRA POBRES: SIETE AÑOS DESPUÉS
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta
Martes 7 de abril de 2026
El 2 de enero de 2019 publiqué una columna que generó polémica. Bajo el título “¿Combate a delincuentes o pobres contra pobres?”, cuestioné la recién creada Guardia Nacional impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Argumentaba que, una vez más, el Estado reclutaría a jóvenes de entornos depauperados para enfrentarlos, con armas en mano, a otros jóvenes pobres absorbidos por la delincuencia organizada.
El núcleo de la crítica era sencillo y doloroso: mientras no se ataquen las causas estructurales —pobreza, falta de oportunidades y un modelo económico injusto—, la seguridad seguiría siendo una trágica guerra entre los de abajo.
Siete años y un cambio de gobierno después, vale la pena revisar si aquel pronóstico se cumplió al pie de la letra o si algo cambió sustancialmente.
La Guardia Nacional ya no es un proyecto incipiente. Hoy cuenta con alrededor de 130 mil elementos, plenamente consolidada bajo el mando operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Se convirtió en la principal fuerza de despliegue territorial del país.
El perfil socioeconómico de sus integrantes sigue concentrándose en jóvenes de zonas rurales y marginadas, donde un sueldo estable, prestaciones y la posibilidad de salir del precarismo resultan atractivos. Las deserciones y bajas voluntarias en el Ejército y la propia GN continúan registrándose por miles anuales, y los huecos se llenan, en buena medida, con el mismo tipo de recluta que en 2019.
Del otro lado de la trinchera, el reclutamiento de la delincuencia organizada tampoco ha cambiado de materia prima: jóvenes con pocas opciones educativas y laborales. El “caldo de cultivo” que denunciaba entonces —pobreza, desempleo juvenil y ausencia de perspectivas— persiste, aunque con matices.
En materia de pobreza, los datos oficiales muestran avances. Según el INEGI, en 2024 la pobreza multidimensional se ubicó en 29.6% de la población (unos 38.5 millones de personas), con una reducción de más de 13 millones desde 2018. La pobreza extrema bajó a 5.3%. La pobreza laboral alcanzó en 2025 su nivel más bajo en dos décadas (33.9% a nivel nacional). Programas de transferencias, el aumento sostenido del salario mínimo y una mayor cobertura en derechos sociales explican parte de estos números.
Sin embargo, persisten dudas razonables sobre la credibilidad de las mediciones tras la desaparición del CONEVAL y su absorción por el INEGI. En Morelos, la pobreza laboral se redujo en los últimos trimestres (42.4% en el tercer trimestre de 2025), pero sigue por encima del promedio nacional, y los cinturones de miseria, la informalidad y la dependencia municipal de recursos federales no han desaparecido.
En inseguridad, el gobierno de Claudia Sheinbaum reporta descensos importantes en homicidios dolosos: de un promedio de 86.9 diarios en septiembre de 2024 a alrededor de 48-51 en los primeros meses de 2026, lo que representa una baja cercana al 42-44% en ese periodo. Febrero de 2026 sería uno de los meses con menor registro en más de una década. Se enfatiza el uso de inteligencia, decomisos y una estrategia que combina “atención a las causas” con coordinación federal. La percepción ciudadana de inseguridad, no obstante, se mantiene elevada: alrededor del 63-64% a nivel urbano a finales de 2025, con picos superiores al 80% en la zona metropolitana de Cuernavaca y más del 90% en algunas mediciones morelenses.
El patrón estructural que señalaba en 2019 no se ha roto por completo. Seguimos viendo a jóvenes de entornos vulnerables integrándose a las filas de la GN o el Ejército para combatir a otros jóvenes que, por falta de alternativas reales, terminan en las filas del crimen. La mezcla de “pólvora y pobreza” sigue siendo peligrosa, aunque las cifras de violencia letal hayan bajado en los últimos meses.
Lo que no ha cambiado es la asignatura pendiente central: construir instituciones de seguridad civil fuertes, impulsar una reforma económica que genere empleos de calidad masivos para los jóvenes y fortalecer la autonomía y capacidad de los municipios. La fuerza de las instituciones republicanas, como escribí entonces, no se recupera solo con el acero de las armas. Se construye con mejor democracia, mayor equidad y oportunidades genuinas.
Siete años después, México muestra avances en algunos indicadores sociales y de violencia, pero el núcleo de aquella crítica —pobres contra pobres como lógica dominante de la seguridad— conserva una vigencia incómoda. Mientras el reclutamiento de ambos bandos siga nutriéndose de los mismos sectores excluidos, la paz verdadera seguirá siendo una asignatura pendiente.
El debate no es si ha habido mejoras puntuales. El debate es si estamos rompiendo el ciclo o solo gestionándolo con mejores números.
¿Qué opinas tú, lector? Siete años después, ¿seguimos en la misma película o ya cambiamos de guion?
