PODER JUDICIAL ANULADO DE FACTO

Los diputados discutieron un dictamen que ellos no elaboraron, sino los anteriores diputados de la legislatura que terminó el 31 de agosto. Los diputados espurios del oficialismo, esos a los que el Tribunal Electoral les regaló su curul, tenían prisa y no escucharon a nadie: ni a los trabajadores del PJ, ni a jueces, ni a magistrados, ni a estudiantes y académicos. Ellos solo querían agradar a su mesías y darle su regalo.

En el Senado el espectáculo fue bochornoso; a la vista de todo mundo se escenificó la traición de un senador de Veracruz y la supuesta detención y desaparición de otro de Campeche. No menciono sus nombres porque como a muchos de mis lectores, nos produce asco.

El oficialismo operó de una manera burda, sucia, enlodando y enmierdando el proceso legislativo; el oficialismo dejó sus heces regadas por todos lados sin importarles absolutamente nada, simplemente actuando como zombis de la 4t.

La Reforma Judicial no va a corregir absolutamente ninguno de los vicios de la impartición de justicia, al contrario, los exacerbará y generará otros de mayor calado, al tiempo. Lo único cierto es que Morena y el gobierno serán los que controlen al PJ. Siempre fue esta la intención del presidente, además de cumplir con venganzas personales.

Envueltos en el discurso populista el oficialismo desafía al estado de Derecho y pasa por encima de las suspensiones de los jueces.

La última suspensión otorgada por un juez del segundo distrito de Colima puso un freno a la publicación de la reforma en el periódico oficial programada para el 15 de septiembre; obviamente el gobierno y el Congreso hicieron caso omiso a dicha suspensión y el presidente pudo festejar su pírrico triunfo el día que él mismo determinó.

El Congreso y el Ejecutivo han violado cuatro suspensiones, dicen que ellos solo obedecen la voluntad del pueblo, del pueblo sabio por supuesto; argumentan que dichas suspensiones son ilegales y por lo tanto no proceden; olvidan que ellos no son jueces, la única instancia que puede determinar la legalidad de una suspensión es precisamente el Poder Judicial.

Es cierto que ningún amparo procede sobre el contenido de cualquier reforma constitucional, pero si puede proceder por violaciones al procedimiento constitucional en la aprobación de las mismas.

En realidad, lo que YA estamos viviendo es la toma por asalto del Poder Judicial por parte de los otros dos poderes; el desconocimiento de facto de cualquier resolución que afecte al Ejecutivo o al Legislativo, la anulación de uno de los poderes del estado y el sometimiento de la justicia a la voluntad del ejecutivo.

La SCJN pudiera analizar las controversias y las acciones de inconstitucionalidad presentadas para revisar la constitucionalidad del proceso legislativo, sin embargo, los otros dos poderes la van a ignorar. La Corte no cuenta con los mecanismos para hacer valer sus resolutivos. La Fiscalía y la fuerza pública las controla el nuevo régimen autoritario de Morena.

De ese tamaño es la crisis en que este gobierno populista y retrogrado ha llevado a nuestro país, destruyendo cualquier contrapeso democrático que le estorbe para hacer lo que quiera. Pronto vendrá la reforma que desaparecerá a los organismos autónomos como el INAI, no solamente atentan contra el derecho a la información y la transparencia, sino que además ponen en riesgo la protección de nuestros datos personales.

Tal y como están las cosas ya no importa si el proceso legislativo cumple con los requisitos constitucionales, aunque no los cumpla ya no hay en este momento ante quien recurrir en caso de violaciones al proceso. Ciudadanos y ciudadanas estamos indefensos ante el poder. El Poder Judicial está anulado.

Y en el colmo de cinismo dirán que es por mandato del pueblo.

Septiembre de 2024 pasará a la historia como un mes trágico para nuestra incipiente democracia, un mes muy triste para México.