Publican Protocolo Policial para Manifestaciones en Morelos con Enfoque en Derechos Humanos
El pasado 6 de marzo, el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” publicó el Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones en el Estado de Morelos, firmado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
Este documento, que entró en vigor el mismo día, regula la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en marchas, plantones, protestas y otras movilizaciones sociales, priorizando el diálogo, el respeto a los derechos humanos y la seguridad de todas las personas involucradas.
Su objetivo es garantizar el derecho a la manifestación, reconocido en marcos normativos estatales, nacionales e internacionales, mientras se protege la integridad física y psicológica de participantes, terceros y elementos policiales, previniendo violencias y abusos de autoridad.
El protocolo establece principios rectores como legalidad, proporcionalidad, no discriminación, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, con un enfoque especial en grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y comunidades LGBTIQ+.
Se prohíbe estrictamente el uso de armas letales, privilegiando el diálogo como principal herramienta de resolución de conflictos.
La actuación policial debe incluir acompañamiento en marchas, gestión vial con rutas alternas y protección de bienes públicos y privados, siempre bajo la coordinación de un Puesto de Mando interinstitucional que puede involucrar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En caso de resistencia (pasiva, activa o de alta peligrosidad), se aplicará un uso progresivo de la fuerza, limitado a técnicas de control y equipo antimotín como cascos y escudos, evitando cualquier exceso.
Las detenciones solo procederán por delitos flagrantes o infracciones administrativas, respetando procedimientos estrictos: identificación policial, lectura de derechos (con cartilla obligatoria), registro en el Registro Nacional de Detenciones y traslado inmediato a la autoridad competente, considerando la identidad de género de las personas.
El protocolo también detalla derechos y obligaciones de los policías, como el acceso a capacitación en manejo de multitudes y derechos humanos, protección de su integridad, defensa jurídica y la posibilidad de denunciar órdenes ilegales sin represalias, junto con la obligación de proteger a grupos vulnerables y mantener comunicación constante con el mando.
La publicación, a dos días de la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, generó reacciones mixtas. Organizaciones y activistas reconocen avances, como la prohibición de armas letales y el énfasis en el diálogo, que llenan un vacío normativo en Morelos. Sin embargo, persisten críticas por posibles ambigüedades en criterios como “resistencia” o “hechos con apariencia de delito”, que podrían derivar en detenciones subjetivas, especialmente en movilizaciones feministas o estudiantiles.
La eficacia del protocolo dependerá de su implementación en contextos de alta tensión, donde se pondrá a prueba su capacidad para equilibrar la seguridad pública con la libertad de expresión y protesta.
