¿Qué factores podrían desencadenar la destitución de la rectora de la UAEM, Viridiana León Hernández?
La trágica desaparición y posterior feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de 18 años de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desató una profunda crisis institucional en la máxima casa de estudios del estado.
La joven fue vista por última vez el 20 de febrero de 2026 en el campus Chamilpa, y su cuerpo sin vida fue localizado el 2 de marzo en una zona boscosa colindante con las instalaciones universitarias, en medio de protestas estudiantiles que denunciaban (de hecho lo siguen haciendo) inseguridad recurrente y omisiones de las autoridades.
Este caso ha fracturado a la comunidad universitaria, generando indignación masiva y demandas de justicia que ahora apuntan directamente a la rectoría.
La crisis se intensificó con la toma indefinida del campus Chamilpa y la rectoría desde el 2 de marzo, motivada por el incumplimiento de acuerdos previos por parte de Viridiana Aydeé León Hernández, incluyendo su ausencia en una reunión pactada y su salida abrupta sin diálogo efectivo durante un encuentro posterior. Estudiantes acusaron negligencia e indiferencia inicial ante la desaparición, así como una respuesta tardía y minimizadora, calificando las protestas como “violentas” en lugar de priorizar la búsqueda y la seguridad.
Incidentes como el presunto intento de atropello con un vehículo (un Tesla, según se ha dicho) durante su retiro del campus y la negativa a leer públicamente el pliego petitorio agravaron la fractura.
Miles de universitarios marcharon el 3 de marzo en Cuernavaca, con consignas como “¡Destitución, destitución!” y “Justicia para Kimberly”, dividiéndose en dos contingentes: uno oficialista encabezado por la rectora y otro estudiantil que exige su salida inmediata.
Las protestas escalaron a bloqueos, pintas en Palacio de Gobierno y radicalización, vinculando el feminicidio a fallos sistémicos de seguridad en el campus, donde se reportan antecedentes de amenazas, venta de drogas y casos previos de violencia de género sin respuesta efectiva.
Factores clave que podrían precipitar su destitución incluyen: la parálisis institucional por las tomas sostenidas, posibles investigaciones por omisiones en protocolos de seguridad o manejo de crisis, pérdida de apoyo en el Consejo Universitario, presión de organizaciones feministas y sindicatos, y escrutinio político del gobierno estatal.
Aunque la rectora ha declarado luto, anunciado medidas de seguridad reforzadas y acompañamiento psicológico, y exigido investigaciones con perspectiva de género, la percepción de priorizar su imagen sobre la protección estudiantil ha erosionado su legitimidad.
La situación evoluciona rápidamente y depende de la gobernanza interna de la UAEM y posibles intervenciones externas, pero la combinación de movilización estudiantil, evidencia acumulada de negligencia y presión pública la coloca en una posición altamente vulnerable, similar a crisis rectorales previas en otras universidades mexicanas.
