¿QUÉ HACER CON LOS RUTEROS?
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 27 de agosto de 2024
Lauro Ortega Martínez llegó al gobierno del Estado en 1982 con la intención de municipalizar el transporte colectivo. Sin embargo, dicho proyecto fue suspendido en 1985 como resultado de un enfrentamiento entre Ortega y Jesús Escudero, otrora poderoso líder del transporte público en Morelos (el “pulpo” camionero), el 14 de abril de aquel año en la casa que poseía el ex gobernador guerrerense Rubén Figueroa en la calle Cerritos 56, de nuestra capital. Escudero amenazó al gobernador con paralizar el transporte si no le autorizaba un incremento tarifario; y a pesar de la intermediación de Figueroa para tranquilizar los ánimos, no acordaron nada. En julio de 1985 don Lauro liberó concesiones sin que mediara ninguna declaratoria de necesidades, empezando el final de las empresas mercantiles, como era la denominación oficial de las otrora poderosas líneas del “pulpo” camionero. De esta forma nació Rutas Unidas de Cuernavaca y tras una ruptura en este gremio se fundó la Federación Auténtica del Transporte (FAT), presidida por el sempiterno Dagoberto Rivera.
En 1985 nacieron las 20 rutas actuales de Cuernavaca para microbuses, la Ruta Interescolar, la operada por la CTM y el feudo de Rivera Jaimes a través de la FAT. Lauro Ortega autorizó hasta 50 concesiones por derrotero, mientras en Cuautla, Jojutla y Zacatepec todo siguió igual, con alrededor de 1000 unidades en total.
A partir de 1994, con Jorge Carrillo Olea en el gobierno, se redujo el número de vehículos a cargo de la Alianza de Transportistas y se congeló el otorgamiento de nuevas concesiones hasta el año 2001. Durante la administración de Jorge Morales Barud los movimientos transporteriles se caracterizaron por las presiones para la autorización de nuevas concesiones, aunque todo se hizo fraudulentamente. JMB duró dos años en la suplencia de Carrillo Olea, siendo relevado por Jorge Arturo García Rubí un mes antes de concluir aquel sexenio de pesadilla. Pero aquellos tiempos sirvieron para que algunos servidores públicos, desde los altos niveles de la administración estatal, se despacharan con la cuchara grande asignándose un número indeterminado de permisos para transporte público con itinerario fijo. Esos títulos de concesión se cotizaban más o menos en 2 millones de pesos, desde luego en el mercado negro.
Esta es la historia resumida del sistema de transporte público de Cuernavaca y otras localidades conocido como “rutas”. Son las mismas que en días recientes pretendieron convertir a la ciudadanía de Cuernavaca como rehén de sus siempre perniciosos intereses. Pero se toparon con pared, pues el gobernador Cuauhtémoc Blanco estaba decidido a aplicarles la ley si paralizaban el servicio y bloqueaban los accesos a nuestra capital. El conflicto, empero, sigue latente, con posibilidades reales de llegar a la siguiente administración. Conozco a plenitud a quienes serán los operadores políticos de la gobernadora Margarita González Saravia, y me parece que, por saber de qué pie cojean los dirigentes transporteriles, no permitirán ningún chantaje para lograr, mediante la presión, su famoso aumento tarifario.
