¿QUÉ PASA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE MORELOS?
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 8 de septiembre de 2025
¿Qué pasa en los ayuntamientos de Morelos? Trasciende que algunos alcaldes se ampararon ante el temor de ser detenidos por la FGR, como resultado de indagatorias abiertas en su contra por contubernios con el crimen organizado. En un estado donde la violencia y la corrupción se entretejen como raíces profundas, estos rumores no son mera especulación: la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga a al menos ocho presidentes municipales por presuntos nexos con células delictivas, incluyendo extorsiones y reuniones con líderes criminales. El caso más notorio involucra a los ediles de Cuautla y Atlatlahucan, captados en video departiendo con “El Barbas”, un operador del Cártel de Sinaloa, lo que ha escalado a una crisis de confianza en las autoridades locales. Esta sombra de impunidad no solo erosiona la democracia municipal, sino que alimenta un ciclo de miedo y complicidad que permea desde los pueblos hasta las cabeceras.
Ahora, en Chamilpa, al norte de Cuernavaca, sucedió este domingo lo que estamos viendo: la detención de Luis Noé “N”, exsecretario de Seguridad Pública de Huitzilac y exencargado de Protección Civil en Cuernavaca durante la administración de Antonio Villalobos Adán. El operativo, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, irrumpió en una quinta de la calle Hermenegildo Galeana tras reportes de detonaciones de arma de fuego. Ahí, Luis Noé y al menos 12 personas más, incluyendo un policía activo de Huitzilac, fueron aprehendidos con armas de uso exclusivo del Ejército –una larga y una corta– mientras consumían alcohol en vía pública. Extraoficialmente, se le vincula con un grupo criminal que opera en Chamilpa, Santa María y todo Huitzilac, un bastión de violencia donde masacres y ajustes de cuentas son rutina. La zona fue acordonada para un cateo, pero las autoridades guardan silencio oficial, dejando un vacío que solo aviva las sospechas de redes arraigadas en el poder local.
¿Qué sucede, entonces? Es que, si a nivel nacional elementos de la Marina Armada de México fueron detenidos por huachicol fiscal, ¿qué puede esperarse a nivel local? Justo esta semana, la FGR y la Semar capturaron a 14 personas en un golpe monumental contra una red de contrabando de combustible, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario Rafael Ojeda Durán. Este caso, ligado a un decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tampico en marzo, expone cómo altos mandos navales, exfuncionarios aduanales y empresarios facilitaron el ingreso ilegal de hidrocarburos para evadir impuestos federales, con un modus operandi que involucraba documentación falsa y protección institucional.
Si la Marina, pilar de la seguridad federal, sucumbe a esta podredumbre, los ayuntamientos morelenses –con recursos limitados y expuestos a presiones diarias del narco– parecen condenados a ser el eslabón más débil, donde el “pacto” con el crimen no es opción, sino supervivencia.
Empero, ahora falta por verse si las acusaciones, en todos los casos, prosperan. Porque una cosa es acusar, y otra lograr sentencias y castigos ejemplares. En Morelos, las indagatorias de la FGR contra alcaldes como Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro avanzan con reserva, pero Toledano ya solicitó un amparo federal para blindarse de una posible aprehensión, alegando violaciones a derechos constitucionales.
A nivel nacional, el vicealmirante Farías enfrenta prisión preventiva en el Altiplano, pero el fiscal Alejandro Gertz Manero advierte de prófugos y más órdenes pendientes, reconociendo que el exsecretario Ojeda mismo impulsó la pesquisa sin protecciones familiares. Esto último suena a una defensa del ex titular de Marina por parte del fiscal. Sin embargo, la historia judicial mexicana está plagada de casos que se diluyen en apelaciones eternas o liberaciones por tecnicismos; el verdadero reto es transformar estas detenciones en precedentes que disuadan, no en anécdotas que se olviden en el archivo.
Asimismo, es evidente que los organismos e instituciones de control en México, como también son las aduanas, están infestadas aún de corrupción. El huachicol fiscal en Tampico no es un hecho aislado: involucró a la ASIPONA, aduaneros y marinos que permitieron el paso de buques con combustible adulterado, generando pérdidas millonarias al erario.
En Morelos, el crimen organizado extorsiona directamente a alcaldes y regidores, como denunció la SSPC estatal, con casos en Ayala y Tlayacapan donde el “derecho de piso” es moneda corriente.
Estas estructuras no solo roban recursos, sino soberanía: puertos y aduanas, custodiados por la Marina, se convierten en coladeras para el narco, mientras ayuntamientos como Huitzilac –con sus comisarios de bienes comunales detenidos por secuestros exprés– ilustran cómo la corrupción desciende en cascada hasta lo más local. Etcétera, etcétera.
La impunidad en México no es un accidente, sino un sistema: desde el huachicol que inunda el mercado hasta las armas que suenan en Chamilpa, todo converge en una red donde el crimen y el Estado bailan un tango macabro. Mientras la FGR y la Semar prometen “cero tolerancia”, los morelenses esperan no solo detenciones, sino justicia que sane las heridas de un estado en llamas. Si no, los amparos y silencios oficiales solo prolongarán la agonía, recordándonos que en Morelos –y en México– el verdadero enemigo a menudo viste de autoridad.
