¿Quién es Jesús Alberto Caballero Tardaguila, ex colaborador de García Luna, detenido en Morelos?
La Fiscalía General de la República (FGR) capturó este 26 de diciembre a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, un exfuncionario cercano a Genaro García Luna, el controvertido exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
La aprehensión ocurrió en Cuernavaca, Morelos, y representa un nuevo avance en las investigaciones sobre una red de corrupción vinculada al desvío masivo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal.
Caballero Tardaguila, ingeniero en computación con maestría en tecnologías de la información y administración por el ITAM, es señalado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) como probable responsable de delitos graves: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delincuencia organizada y peculado.
Según las indagatorias, entre 2013 y 2015 —ya en los últimos años del gobierno calderonista y el inicio del de Enrique Peña Nieto—, Caballero habría participado en la simulación de contratos para la adquisición de servicios en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (responsable de los penales federales).
Estos contratos ficticios permitieron desviar fondos públicos hacia empresas presuntamente controladas por García Luna, quien actualmente cumple una condena de 38 años en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico y recepción de sobornos del Cártel de Sinaloa.
Tras su captura por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se le informaron sus derechos constitucionales y fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Allí pasó por certificación médica antes de ser puesto a disposición de un juez de control federal, quien definirá su situación jurídica en las próximas audiencias.
Esta detención se suma a una serie de acciones recientes contra el círculo de García Luna, como la captura a mediados de diciembre de una exasesora suya. Forma parte de un caso mayor que involucra hasta 61 órdenes de aprehensión por contratos irregulares en penales federales, con un daño estimado al erario superior a los 5 mil millones de pesos.
Las autoridades continúan desmantelando lo que describen como una estructura de corrupción que operó con impunidad durante años en el sector de seguridad y justicia penal.
