Ramírez Cuéllar busca quitar el fuero, pero los pájaros de cuenta no se dejarán cazar tan fácil
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca eliminar el fuero o inmunidad procesal de gobernadores, senadores, diputados federales y diputados locales.
El objetivo principal es suprimir lo que él considera una “protección injustificada” y un “privilegio excesivo” que, según argumenta, se ha convertido en un mecanismo de impunidad y ha generado enojo social.
La propuesta plantea modificar los artículos 61, 108, 110 y 111 de la Constitución mexicana para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su cargo, estén sujetos a las mismas normas y obligaciones ante la ley.
La iniciativa mantiene la protección para las opiniones y actividades legislativas de los parlamentarios (como votos y discursos en tribuna), pero elimina la inmunidad que les permite evitar procesos penales por delitos comunes o graves, como corrupción o traición a la patria, sin necesidad de un juicio de procedencia. Ramírez Cuéllar ha enfatizado que esta reforma es parte de un esfuerzo más amplio de la “Cuarta Transformación”, junto con medidas como la eliminación de la reelección y el combate al nepotismo electoral, para erradicar privilegios en la clase política.
El diputado también ha sugerido que figuras como Cuauhtémoc Blanco (diputado de Morena) y Alejandro Moreno (senador y líder del PRI), quienes enfrentan procesos de desafuero, deberían renunciar voluntariamente a su inmunidad y presentarse ante las autoridades, como ejemplo de transparencia. La propuesta, presentada formalmente este 26 de marzo de 2025, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, y Ramírez Cuéllar busca que se apruebe antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril de 2025, contando con el respaldo de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados.
En resumen, la iniciativa pretende igualar a legisladores y gobernadores ante la justicia, eliminando el fuero como escudo contra investigaciones penales, mientras preserva las garantías necesarias para el ejercicio de sus funciones legislativas.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE EL FUERO
El fuero, en el contexto mexicano, es una figura jurídica que otorga inmunidad procesal a ciertos funcionarios públicos, como legisladores, gobernadores y el presidente, protegiéndolos de ser juzgados penalmente durante el ejercicio de su cargo sin un procedimiento especial conocido como “juicio de procedencia” o desafuero.
Esta prerrogativa tiene como propósito original garantizar que los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias o persecuciones políticas, asegurando la independencia y estabilidad de las instituciones. Sin embargo, con el tiempo, el fuero ha sido criticado por convertirse en un mecanismo de impunidad, permitiendo que algunos funcionarios evadan responsabilidades por actos de corrupción o delitos graves, lo que ha generado un debate constante sobre su pertinencia en un sistema democrático.
En México, el fuero tiene sus raíces en el derecho colonial español, influenciado a su vez por tradiciones europeas medievales, donde se otorgaban privilegios a nobles y clérigos para protegerlos de la jurisdicción ordinaria. Tras la Independencia, esta figura se incorporó a la Constitución de 1824 y se consolidó en las constituciones posteriores, como la de 1857 y la de 1917, adaptándose al contexto político del país. Inicialmente, buscaba proteger a los legisladores de las intervenciones autoritarias del Ejecutivo, especialmente en un periodo de inestabilidad política y golpes de Estado.
Con el tiempo, su alcance se extendió a otros cargos, pero su aplicación ha sido objeto de controversia, llevando a propuestas como la de Alfonso Ramírez Cuéllar en 2025 para reformarlo o eliminarlo, en aras de una mayor rendición de cuentas.
