RAMÍREZ DE LA O: SUELDAZOS DE FUNCIONARIOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 7 de mayo de 2024
Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo que una de sus primeras tareas después del 2 de junio, en caso de ganar la elección, sería hablar con el actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, para proponerle que permanezca en el cargo.
Efectivamente. La tarde de este lunes, durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2024 de BBVA México, en el Hotel Camino Real de Polanco, la morenista aseguró: “Ya ven que no se puede ver a los funcionarios cuando uno es candidato, pero mi primera tarea el 2 de junio es hablarle al doctor Ramírez de la O. Espero que acepte quedarse un tiempo en la Secretaría de Hacienda”.
Con relación a dicho funcionario federal hoy quiero recuperar un artículo que escribió para el periódico La Jornada, el 27 de noviembre de 2002, siendo presidente de la Consultoría Ecanal, que en ese entonces asesoraba a grandes empresas mexicanas y corporativos de Wall Street. Ramírez de la O comparó los altísimos y muchas veces ofensivos sueldos percibidos por funcionarios del sector público y los ejecutivos en la iniciativa privada. Había una diferencia abismal, la cual, infortunadamente para el grueso de los mexicanos, continúa intacta en la actualidad a pesar de la austeridad republicana decretada por López Obrador a partir de 2018 y aquello de que nadie debe percibir salarios mayores al del presidente. Esto, indudablemente, ha sido constatado por Ramírez de la O estando al frente de la institución responsabilizada de manejar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En aquel entrego periodístico, Ramírez de la O indicó que los funcionarios públicos no pueden aspirar a percibir los salarios de altos ejecutivos de las grandes corporaciones, porque el sector privado está dedicado a generar riqueza y existen importantes incentivos en un régimen global de fuerte competencia de las empresas, mientras que en el gobierno se obtienen los recursos de los impuestos aplicados a esa riqueza.
“Los beneficios que obtiene un ejecutivo que opta por irse al sector público a trabajar son muy difíciles de medir, como son las relaciones internacionales, el poder de decisión sobre asuntos muy importantes y el prestigio que lo acompaña (…) En el caso del sector privado, cuando las empresas generan más riqueza, conquistan nuevas tecnologías y realizan estrategias exitosas, sus logros se traducen en más utilidades para ellas. Entonces las remuneraciones en el sector privado son muy altas en función de los logros obtenidos”.
“Por ejemplo, el presidente de una empresa energética texana rechazó un bono por 20 millones de dólares que le ofrecieron, porque no lo consideró apropiado ya que la firma se encontraba en problemas (…) Esos son los órdenes de remuneración existentes en la empresa privada, donde el presidente de una firma internacional puede ganar entre 20, 30 y 50 millones de dólares anuales con incentivos (…) Un gobierno, por su parte, no puede competir con esas remuneraciones porque simplemente es inconcebible. Una empresa privada está dedicada a crear riqueza, mientras un gobierno obtiene sus recursos por los impuestos que aplica a esa riqueza. Esa es la primera razón por la que no se pueden comparar”.
Hasta aquí el artículo del 27 de noviembre de 2002 publicado por La Jornada bajo la firma del ahora Secretario de Hacienda y Crédito Público y quien podría repetir en el gabinete de Claudia Sheinbaum, si esta se levanta con el triunfo el 2 de junio próximo.
Seguramente en la titularidad de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O ha enfrentado las arraigadas inercias y vicios estructurales dentro del sector público, donde abundan los funcionarios muy, pero muy apartados de la máxima expresada algún día por el Benemérito de las América, Benito Juárez, en el sentido de que los servidores públicos deben resignarse a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado. Nadie en su sano juicio puede admitir y/o aplaudir que todos los funcionarios reciban un salario inferior a los 103 mil pesos mensuales pagados a López Obrador. Bueno, ni éste último aplica la cacareada austeridad juarista, mucho menos la franciscana.
