RANCHO IZAGUIRRE: ENTRE EL EXTERMINIO Y LA BÚSQUEDA DE VERDAD
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 24 de marzo de 2025
El descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha sacudido a México y reavivado el doloroso tema de las desapariciones forzadas. A principios de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco llegó al predio tras una llamada anónima, encontrando restos óseos calcinados, cientos de pertenencias personales y lo que describieron como un “campo de exterminio” operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este término, “exterminio”, generó un intenso debate en redes sociales y medios, al evocar una eliminación masiva y sistemática, palabras que resuenan con aniquilar, matar o desaparecer. Para las familias de los más de 120,000 desaparecidos en el país, este hallazgo no es solo una noticia, sino una herida abierta que exige respuestas.
Las autoridades, sin embargo, han intentado matizar la narrativa. En la conferencia mañanera de este lunes, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó que el rancho funcionaba como un “centro de adiestramiento” del CJNG, donde se reclutaba a personas con falsas promesas de empleo, se las entrenaba y, en algunos casos, se las eliminaba. Aunque negó que fuera un “campo de exterminio” en el sentido estricto, la presencia de fosas, restos humanos y evidencias como ropa infantil y zapatos abandonados apunta a una violencia extrema. La Fiscalía de Jalisco reportó más de 1,600 indicios recolectados, pero la falta de claridad sobre la escala de los crímenes ha alimentado las críticas de colectivos que acusan al gobierno de minimizar la tragedia.
El término “exterminio” no es solo una cuestión semántica; lleva consigo un peso histórico y moral que conecta el caso con las peores atrocidades humanas. Activistas como Indira Navarro, de Guerreros Buscadores, han insistido en que los “hoyos en el suelo” con restos calcinados son prueba suficiente de una práctica deliberada de eliminación. En contraste, figuras como Gerardo Fernández Noroña han desestimado estas afirmaciones, calificándolas de “golpeteo político” contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta polarización refleja una tensión más profunda: mientras unos buscan justicia y verdad, otros temen que el caso se convierta en un arma propagandística, dejando a las víctimas en un segundo plano.
La investigación sigue en curso, con la Fiscalía General de la República (FGR) asumiendo el caso tras señalar omisiones en las pesquisas iniciales de Jalisco. La detención de José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, el 20 de marzo, identificado como reclutador clave del CJNG, ha arrojado algo de luz sobre el modus operandi: jóvenes atraídos por ofertas en redes sociales eran llevados al rancho, donde enfrentaban un destino incierto. Sin embargo, las madres buscadoras denuncian que las autoridades “limpiaron” el predio antes de permitirles acceso completo, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso. La promesa de Sheinbaum de llegar a “la verdad” choca con el escepticismo de quienes ven en esto un patrón de impunidad.
En última instancia, el Rancho Izaguirre es un símbolo de la crisis humanitaria que atraviesa México. Más allá de las palabras —exterminio, adiestramiento, desaparición— está el sufrimiento de miles de familias que buscan a sus seres queridos. Cada zapato, cada hueso encontrado, cuenta una historia truncada que no puede ser reducida a un debate político o técnico. Mientras el país observa, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta dónde se permitirá que llegue esta violencia antes de que se enfrenten sus raíces? Por ahora, Teuchitlán no es solo un nombre en el mapa, sino un recordatorio de lo que aún falta por sanar.
