REFORMA FEDERAL CONTRA PENSIONES EXCESIVAS: UN IMPULSO NECESARIO PARA QUE MORELOS ACTÚE CON DECISIÓN
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para poner fin a las pensiones millonarias que reciben algunos exdirectivos de organismos públicos. El objetivo es claro: eliminar privilegios injustificables que permiten a ciertos exfuncionarios cobrar sumas mensuales que llegan a superar los 12 millones de pesos, cantidades que resultan ofensivas frente a la realidad de la mayoría de los mexicanos.
La propuesta establece un tope estricto: las futuras pensiones no podrán exceder la mitad del salario neto de la presidenta, lo que equivaldría aproximadamente a 70,000 pesos mensuales. Esta medida no afectará las jubilaciones de los trabajadores de base ni tendrá carácter retroactivo sobre las ya otorgadas. Entre las dependencias donde se han detectado estos excesos destacan Petróleos Mexicanos, la extinta Luz y Fuerza del Centro, Nacional Financiera, Bancomext y Banobras, instituciones que heredaron esquemas de retiro generosos creados en épocas neoliberales.
Este problema no es nuevo. Durante las décadas de 1980 y 1990, en el marco de las políticas privatizadoras y de desregulación, se diseñaron mecanismos de compensación que beneficiaron de manera desproporcionada a altos mandos: bonos extraordinarios, incentivos de retiro y pensiones vitalicias infladas que se pagan con dinero público. Estos “pensiones doradas” representan un drenaje constante de recursos que podrían destinarse a salud, educación o seguridad pública.
En el caso de la extinta Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, un grupo reducido de beneficiarios recibe pagos anuales que suman miles de millones de pesos, mientras miles de exempleados quedaron en condiciones precarias tras la liquidación de la empresa en 2009.
La presidenta ha calificado estas prácticas como inaceptables y ha invitado a los beneficiarios a negociar reducciones voluntarias, aunque la reforma busca cambios estructurales y permanentes que impidan la repetición de estos abusos. La iniciativa se inscribe en una línea de austeridad republicana que ya limitó las pensiones de ex presidentes y busca alinear los retiros de altos funcionarios con estándares más justos, en un país donde el envejecimiento poblacional presiona cada vez más los sistemas de pensiones del IMSS e ISSSTE, y donde la brecha entre jubilaciones mínimas y las “doradas” genera indignación social.
Este movimiento federal debe servir de ejemplo y de presión para los gobiernos estatales, especialmente en Morelos, donde el problema de las pensiones excesivas sigue vigente y demanda una legislación profunda y decidida. En el estado, el gasto en jubilaciones de algunos sectores públicos equivale prácticamente al de la nómina activa, lo que limita severamente la capacidad de inversión en servicios esenciales.
En el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, por citar un caso concreto, existen decenas de pensiones “doradas” para magistrados retirados que superan con creces el salario presidencial, mientras otros jubilados reciben cantidades mínimas que apenas alcanzan para la subsistencia.
La disparidad es evidente y el impacto presupuestal, grave. Para corregirla, Morelos requiere una reforma integral que vaya más allá de parches temporales: una revisión a fondo de la Ley del Servicio Civil y de las normas del Poder Judicial, la imposición de topes claros alineados con salarios razonables, la prohibición de acumular múltiples pensiones por “trabajadores híbridos” que han ocupado cargos en distintos entes públicos, y mecanismos de transparencia y auditoría ciudadana que eviten favoritismos y retrasos en el pago a los jubilados de menores ingresos.
Siguiendo el espíritu de la reforma federal, el Congreso local podría establecer incentivos para que los beneficiarios de pensiones excesivas renuncien voluntariamente a los montos sobrantes, redirigiendo esos recursos a programas de apoyo a adultos mayores vulnerables, salud o infraestructura.
Una legislación profunda en Morelos no solo armonizaría al estado con la transformación nacional, sino que fortalecería la confianza ciudadana en las instituciones, reduciría la percepción de corrupción y garantizaría una distribución más equitativa de los recursos públicos en un momento económico clave para la entidad. El tiempo de los privilegios injustificados debe terminar, tanto en el ámbito federal como en el estatal.
