REFORMA Y AUTORITARISMO COMPETITIVO
PERSPECTIVA
Por Marcos Pineda Godoy
Martes 20 de agosto de 2024
Al interior del Poder Judicial de la Federación se ha gestado un movimiento social de enormes proporciones. La inmensa mayoría de los trabajadores de base y los de confianza -incluidos jueces, magistrados y ministros- han decidido dar una batalla que va más allá de la defensa de los derechos laborales de los sindicalizados y de las prerrogativas de quienes ocupan cargos directivos de diferentes niveles.
De fondo, se trata de evitar el desmantelamiento del sistema judicial y, quizá paulatina, pero al final, su reconstrucción para ponerlo al servicio, no del pueblo, sino del actual régimen político. El lopezobradorismo conquistó de un tirón el control, casi completo, de dos de los poderes de la Unión desde el 2018. El Ejecutivo y el Legislativo, a los que se llega a través del voto popular. Nada extraña, entonces, que la ruta para hacerse del control del otro, el Judicial, pretenda ser también por esa misma vía, bajo el argumento de que el pueblo tiene el derecho a decidir.
No voy a abundar en lo que ya nos han explicado los especialistas en materia constitucional sobre los riesgos que implica una reforma de esa naturaleza, desde la pérdida de la autonomía y hasta la posibilidad de que el crimen organizado impulse a sus propios candidatos para cuidar sus intereses en los órganos jurisdiccionales, pasando por la complejidad en la organización de las elecciones y el detrimento en la calidad de la impartición de justicia, con la desaparición de la carrera judicial.
Me preocupa, además, que con esta iniciativa de reforma se completan las características de lo que los politólogos hemos concordado en llamar “autoritarismo competitivo”, a partir de las conclusiones a las que llegaron Steven Levistsky y Lucan A. Way, en su libro Elecciones sin democracia: El Surgimiento del autoritarismo competitivo.
En otro momento, señalé que los rasgos del autoritarismo competitivo se estaban produciendo en México: un régimen híbrido, en el que existen elecciones libres e instituciones formalmente democráticas, pero, sin que haya un autoritarismo completo, los gobiernos que llegan por la vía de las urnas se lanzan contra las instituciones autónomas e independientes, bien sometiéndolas o desapareciéndolas, contra la libertad de prensa y los movimientos sociales que investiguen o critiquen al gobierno, un uso abusivo de los recursos del estado para formar clientelas electorales y un control férreo de los órganos legislativos. Con todo ello, logran condiciones de desventaja para que las oposiciones no puedan ganar en las urnas, hasta que este autoritarismo, desarrollado progresivamente, llega a crisis que lo hacen cada vez más insostenible, pues se encaminan al autoritarismo completo o a la dictadura. Al paso de los años, por ejemplo, los casos de Fujimori, en Perú, y del chavismo, en Venezuela, han terminado por dar la razón a los autores del concepto.
Hoy, el debate ya es más sobre los tipos, las formas y las transiciones de los autoritarismos competitivos. México, ya es un caso para su estudio.
Resulta más que inocente pensar que un régimen electoralmente fuerte, que ha violentado la competencia democrática, en el filo de la navaja, entre lo legal y lo ilegal, no impulsará con todos los recursos a su disposición a sus incondicionales para ocupar los puestos decisorios en la nueva conformación del Poder Judicial. Así como tampoco se necesitan muchas luces para saber que la elección popular de sus miembros no ofrece ninguna garantía de que se acaben ni la corrupción ni los privilegios, sino todo lo contrario.
Y para iniciados:
A propósito de ese tema, ¿ya leyó usted el dictamen con las modificaciones hechas tras los Foros de Consulta sobre la reforma? Lo dicho, ni una sola modificación sustancial a la propuesta del presidente, sino su reafirmación, incluidos hasta plazos y la propuesta de la tómbola para seleccionar a las candidatas y candidatos. La aprobación de esta reforma constitucional dependerá de que el régimen logre o no la sobre representación a la que aspira en la Cámara de Diputados, es decir, que con el 57% de los votos pueda obtener el 75% de las curules. Pero de eso hablaremos mañana.
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