Respuesta del Congreso de Morelos al llamado de atención de la SCJN: ¿Eficiencia judicial o justicia para los jubilados?
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 13 de enero de 2026
En los primeros días de enero de 2026, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, lanzó un fuerte señalamiento al Poder Judicial de Morelos por el elevado número de controversias constitucionales acumuladas —más de 550— relacionadas con el pago de pensiones a trabajadores jubilados. Su mensaje fue claro: el esquema actual es insostenible y obliga a la Corte a asumir un rol que no le corresponde, por lo que urgió al estado a resolver estos conflictos en el ámbito local.
Ante este exhorto federal, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión del Trabajo del Congreso morelense, ofreció una respuesta que, sin confrontar directamente al ministro, plantea una contranarrativa centrada en la defensa de los derechos laborales.
Mientras Aguilar enfatiza la sobrecarga institucional y la necesidad de soluciones locales definitivas para descongestionar a la SCJN, la legisladora morelense pone el acento en el drama humano: más de 500 familias que, tras obtener su decreto jubilatorio, quedan sin salario ni pensión mientras esperan la resolución federal. Para ella, el verdadero problema no radica en el trabajo adicional de la Corte, sino en la vulneración que sufren los jubilados morelenses.
La diputada califica de “mala práctica” la costumbre instaurada desde 2016 de que el Tribunal Superior de Justicia impugne de manera automática y sistemática —“de machote”, en el argot jurídico— cada decreto de jubilación aprobado por el Congreso. Esta impugnación recurrente, señala, viola el derecho fundamental a una jubilación digna y convierte un derecho adquirido en una espera incierta y dolorosa para cientos de trabajadores y sus familias.
En un gesto de apertura institucional, Tania Valentina hace un llamado respetuoso al nuevo Órgano de Administración del Poder Judicial para revisar juntos el origen de estas controversias y encontrar soluciones conjuntas. Insiste en la necesidad de transparencia y estudios actuariales que permitan dimensionar con precisión los recursos requeridos para garantizar la sostenibilidad del pago de pensiones, abriendo la puerta a un posible diálogo constructivo.
Sin embargo, la legisladora petista reafirma que, en ausencia de reformas de fondo a la Ley del Servicio Civil, el Congreso continuará emitiendo decretos de jubilación, pues se trata de un derecho legalmente ganado por quienes cumplen con los requisitos de edad, años de servicio y demás condiciones establecidas. Esta postura implica que, mientras no cambie la normativa estatal, las controversias seguirán llegando a la SCJN.
Así, el posicionamiento de Tania Valentina no rechaza el diálogo propuesto por Aguilar, pero prioriza la justicia social inmediata sobre la eficiencia sistémica. Representa la voz del Poder Legislativo local ante el llamado de atención federal: un recordatorio de que, detrás de cada controversia constitucional, hay familias morelenses que esperan no solo una resolución jurídica, sino el reconocimiento efectivo de su derecho a una vejez digna.
En este contraste de enfoques —eficiencia judicial versus protección al trabajador— se dibuja el desafío pendiente para Morelos: encontrar un equilibrio que descongestione a la Corte sin sacrificar los derechos laborales conquistados con décadas de servicio público.
