¿Sheinbaum en el M-19: ¿Sí o no? La polémica que divide a México y Colombia
En el marco de una creciente tensión diplomática entre México y Colombia, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negó categóricamente este 23 de septiembre de 2025 haber militado en su juventud en el Movimiento 19 de Abril (M-19), la histórica guerrilla urbana colombiana, desmintiendo así las afirmaciones reiteradas del presidente Gustavo Petro.
Petro, quien fue uno de sus comandantes en la década de 1980, ha sostenido en varias ocasiones que Sheinbaum colaboró activamente con el grupo durante sus estudios en México, describiéndola como una “militante” que apoyaba sus causas antiimperialistas y nacionalistas.
Esta polémica, que resurgió en medio de un intercambio sobre la crisis migratoria y el hallazgo de dos músicos colombianos asesinados en territorio mexicano, ha sido desmentida por exmiembros fundadores del M-19, como Everth Bustamante, quien aclaró que no hay registros de su participación en las operaciones del grupo.
La declaración de Sheinbaum busca cerrar el debate, pero resalta las complejidades de las alianzas izquierdistas regionales forjadas en épocas de conflicto armado.
El M-19 surgió en 1974 como una respuesta armada al presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales colombianas del 19 de abril de 1970, cuando el candidato Gustavo Rojas Pinilla, del partido ANAPO, fue derrotado por un margen controvertido ante Misael Pastrana.
Esta guerrilla urbana, de corte nacionalista y antioligárquico, se distinguió por su enfoque en acciones espectaculares destinadas a captar la atención mediática y urbanas, en contraste con los frentes rurales de otras organizaciones como las FARC o el ELN.
Bajo líderes como Jaime Bateman Cayón e Iván Marino Ospina, el grupo realizó operaciones emblemáticas, como el robo de la espada de Bolívar en 1974 y la toma de la embajada dominicana en 1980, donde secuestraron a 15 diplomáticos. Su ideología combinaba el marxismo con un bolivarismo romántico, y aunque operó principalmente en ciudades como Bogotá, su influencia se extendió a redes internacionales de solidaridad en América Latina y Europa.
El saldo humano del M-19 fue devastador, con cientos de víctimas directas atribuidas a sus acciones durante sus 16 años de actividad. Según informes de la Comisión de la Verdad de Colombia, el grupo fue responsable de al menos 394 secuestros, incluyendo el de Marta Nieves Ochoa en 1976, que catalizó la creación del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS). El episodio más trágico fue la toma del Palacio de Justicia en Bogotá el 6 de noviembre de 1985, donde 35 guerrilleros irrumpieron en la Corte Suprema, resultando en más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados, civiles y el propio Bateman. En total, el Centro Nacional de Memoria Histórica estima que las guerrillas como el M-19 contribuyeron a unas 35.683 muertes en el conflicto armado colombiano, aunque cifras específicas para el grupo oscilan entre 500 y 600 víctimas fatales, incluyendo ejecuciones y combates. Estas acciones, aunque enmarcadas por el M-19 como “guerra popular”, dejaron un legado de dolor que aún divide a la sociedad colombiana.
Hoy, el M-19 ya no existe como entidad armada: se desmovilizó en 1990 tras firmar el primer acuerdo de paz con el Estado colombiano en Caquetá, transformándose en el partido político Alianza Democrática M-19, que participó en la Asamblea Constituyente de 1991 y cuyo legado influyó en figuras como el propio Petro, electo presidente en 2022.
En cuanto a su estatus internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos no podría incluir al movimiento en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), reservada para grupos activos como las FARC disidentes o Hezbollah, ya que el M-19 cesó operaciones hace más de tres décadas y no representa una amenaza vigente. Esta distinción resalta la evolución de la guerrilla hacia la política democrática, pero también alimenta la controversia actual: mientras Petro invoca esos lazos como símbolo de unidad izquierdista, Sheinbaum los rechaza para preservar su imagen institucional, recordándonos cómo los ecos del pasado armado siguen moldeando las narrativas políticas en la región.
