SOMBRAS EN LA SCJN: UNA RENUNCIA QUE SACUDIÓ AL PODER JUDICIAL
En un giro inesperado que exhibió las grietas en la reciente reforma judicial, la Magistrada Lorena Josefina Pérez Romo presentó su renuncia al Órgano de Administración Judicial (OAJ) apenas cuatro meses después de asumir el cargo, el pasado 6 de enero de 2026. Presidía la Comisión de Carrera Judicial y Especialización, y formaba parte de estructuras clave para vigilar adquisiciones y licitaciones, en medio de denuncias por escasez de insumos básicos en sedes judiciales.
Esta dimisión, sellada con el cese inmediato de más de 60 empleados y el cierre de oficinas, no fue explicada oficialmente, pero fuentes internas sugirieron presiones relacionadas con irregularidades en compras millonarias, incluyendo vehículos de lujo para altos funcionarios, incluyendo las camionetas de lujo blindadas, las cuales presuntamente serán devueltas frente a la indignación nacional surgida por su compra.
Pérez Romo se topó con un muro de resistencia al cuestionar gastos extravagantes en un Poder Judicial que se jacta de austeridad. Mientras juzgados periféricos claman por papel y tinta, el OAJ autorizó la adquisición de nueve Jeep Grand Cherokee blindadas, cada una valuada en más de tres millones de pesos, destinadas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta compra, justificada por “razones de seguridad”, contrasta con la promesa de un PJF renovado y eficiente, y podría haber sido el detonante de un conflicto interno que llevó a su salida abrupta.
La Magistrada seguramente detectó “moches” o comisiones ilegales en licitaciones, como las que involucraron no solo nueve vehículos, sino un total de 571 asignados a diversos niveles. Reportes indicaban choques con figuras como Néstor Vargas por el control del OAJ, donde las presiones para aprobar adquisiciones dudosas habrían escalado. Si Pérez Romo rechazó avalar estos lujos en tiempos de escasez, su renuncia fue un acto de integridad, aunque forzado, revelando cómo viejos vicios persisten en la “nueva” estructura judicial.
Esa dimisión fue solo la punta del iceberg en un contexto de transición caótica. La reforma judicial de 2025 prometía transparencia, pero las denuncias por falta de materiales básicos en sedes remotas pintan un panorama de desigualdad interna. Si la Magistrada intentó bloquear compras innecesarias como camionetas blindadas –mientras el erario se estira para “ahorrar” a largo plazo–, podría haber chocado con intereses superiores, explicando el sellado de oficinas y los despidos masivos como una purga para silenciar testigos.
Esta renuncia evidenció cómo el discurso de austeridad chocó con la realidad elitista del PJF. Usuarios en redes sociales especularon que las Grand Cherokee “de súper lujo para los Ministros del Pueblo” simbolizan un despilfarro que Pérez Romo no pudo ignorar. Si su salida estuvo ligada a rechazar tales excesos, sería un recordatorio de que la vigilancia interna es frágil, y que presiones externas –quizá políticas– dictan el ritmo en un órgano supuestamente autónomo.
Finalmente, la renuncia de Pérez Romo catalizaría una investigación mayor si filtraciones confirman irregularidades. Mientras el gobierno de Sheinbaum defendió estas compras como “ahorros”, la hipotética integridad de la Magistrada resaltó la necesidad de auditorías independientes. En un Poder Judicial en crisis, su dimisión no ha sido solo una nota al pie, sino un llamado a escudriñar los lujos que eclipsan la justicia cotidiana.
