TEORÍA DE JUEGOS Y EL PODER JUDICIAL
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 16 de septiembre de 2024
Es innegable que el estudio de la teoría de juegos se ha constituido en un instrumento esencial para disciplinas como la sociología, el derecho, la economía, las relaciones internacionales y la política. En esta última ciencia su contribución es particularmente notoria en el análisis, la articulación y el diseño de políticas públicas en donde se presentan problemas de acción colectiva o de destrucción de bienes públicos.
Su importancia radica en que ayuda a comprender las acciones racionales y las acciones no racionales de los individuos y conglomerados, los incentivos tejidos alrededor de los grupos de presión para concretar sus intereses, y la forma de entender determinadas estrategias seguidas por políticos y burócratas en el trazado de las decisiones y las políticas públicas.
Por eso es que la referencia a teoría de juegos no debe llamar a confusiones: nos referimos a cualquier situación social que involucra a dos o más actores -llamados así jugadores- en donde subyacen intereses interconectados o interdependientes. Por supuesto que las interacciones generan diferentes posibles resultados los cuales pueden ser óptimos o subóptimos, de beneficio común o de pérdidas comunes, todo ello alimentado por la necesidad de los jugadores en alcanzar sus propias metas.
Lo antes escrito me sirve como preámbulo para comentar lo siguiente. He platicado con al menos diez abogados, algunos de ellos especializados en Derecho Constitucional y otros al Derecho Penal, Familiar, Civil y Familiar. El de mayor experiencia lleva alrededor de 25 años litigando en ámbitos relacionados con el Poder Judicial de nuestra entidad y en Juzgados de Distrito. Ha tenido la necesidad de conocer a magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito. Todos mis amigos, sin excepción, afirmaron que, tanto a nivel federal, como en lo estatal, los funcionarios encargados de generar una justicia pronta, expedita y gratuita son simuladores y altamente soberbios, por no llamarles de manera diferente. Además, de cada diez de esos juzgadores, todos, sin excepción, estuvieron ligados a conductas discrecionales. Es decir: además de cobrar enormes cantidades de dinero al mes, se prestaron a componendas para concederle la razón al mejor postor.
Y todos mis amigos abogados coincidieron al expresar su satisfacción porque, a nivel federal y estatal, los más encumbrados impartidores de justicia ya no se embolsarán gigantescas percepciones sin merecerlas. Asimismo, señalaron que a la inmensa mayoría de los mexicanos les importa un pepino la famosa reforma al Poder Judicial federal, que se aplicará en Morelos muy pronto.
Esos mexicanos sí saben que, tocante al caso de Morelos, llegó a su fin el nunca bien ponderado haber de retiro o pensiones vitalicias, con cifras mucho mayores a lo señalado por nuestra Carta Magna como salario del presidente de la República. Los magistrados del Poder Judicial morelense están fraguando la forma de negociar con el Congreso local reformas constitucionales a modo, para seguir sangrando el ya de por sí deteriorado presupuesto de los tribunales locales. Así de que estaremos atentos y luego lo comentaremos para ustedes.
