TRASLADO DE LOS 29: ¿TRIUNFO TÁCTICO O CEDAZO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO MEXICANO?
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 28 de febrero de 2025
El gobierno mexicano trasladó este jueves a 29 personas, presuntamente ligadas al crimen organizado, a Estados Unidos. Entre ellas destacan nombres como Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales (“Z-40” y “Z-42”).
Este movimiento se realizó el 27 de febrero, coincidiendo con reuniones en Washington entre el gabinete de seguridad mexicano y funcionarios estadounidenses como Marco Rubio. En la conferencia de prensa del 28 de febrero, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, justificó la acción diciendo que había riesgo de que estos delincuentes fueran liberados en México debido a “acuerdos con algunos jueces”, mientras que Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, aclaró que no fue una extradición tradicional, sino un traslado bajo la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución.
¿Qué es lo positivo de tan controversial decisión, presuntamente a cargo del gabinete de seguridad federal bajo un principio colegiado?
Si tomamos en cuenta las declaraciones de Harfuch, estos 29 individuos eran “generadores de violencia” responsables de homicidios, extorsión y corrupción. Sacarlos del sistema mexicano, donde aparentemente podían manipular procesos judiciales, podría debilitar a ciertos cárteles y beneficiar a la población mexicana, como él afirmó: “los más beneficiados somos los mexicanos”.
El timing del traslado, justo cuando el gabinete estaba en Washington, sugiere una negociación con EE.UU. que podría fortalecer la colaboración en temas como el tráfico de fentanilo y armas, algo que ambos países han priorizado recientemente. Esto podría ser una señal de pragmatismo por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Al culpar a jueces corruptos, el gobierno busca proyectar que está actuando contra un sistema judicial que históricamente ha sido permeable a la influencia del narco. Es un discurso que resuena con el sentir popular de desconfianza hacia el Poder Judicial.
¿Hay algo cuestionable? Sí.
García Harfuch afirmó que había “información” de posibles liberaciones (como la de Caro Quintero por una juez federal asentada en Cuernavaca), pero no ofreció detalles concretos ni pruebas. Esto sería una estrategia para justificar una decisión políticamente delicada, echando la culpa a un enemigo conveniente (el Poder Judicial), sin asumir plena responsabilidad. Si el sistema judicial es tan corrupto, ¿por qué no se han hecho más reformas estructurales antes de llegar a este punto?
Aunque Gertz Manero insistió en que no fue extradición, sino un traslado por seguridad nacional, la percepción pública y la reacción de EE.UU. (que lo llamó extradición) sugieren que México cedió ante presión externa. Para un gobierno nacionalista como el de Sheinbaum, esto será visto como una contradicción o incluso una humillación, especialmente si se interpreta como un favor a la administración de Donald Trump.
La decisión fue tomada por el gabinete de seguridad de manera “colegiada”, según Harfuch, sin involucrar a Sheinbaum directamente. Esto podría ser una maniobra para protegerla políticamente, pero deja preguntas: ¿Quiénes votaron exactamente? ¿Qué información específica tenían sobre esos “acuerdos con jueces”? La opacidad alimenta sospechas de que hay más detrás de esta decisión que no se está diciendo.
¿Hay algo preocupante en todo esto? Sí.
La extradición de capos de alto perfil como Caro Quintero y los Treviño podría provocar represalias violentas en México, como advirtió la Oficina del Sheriff del Condado de Webb en Texas. Si el gobierno no tiene un plan claro para contener esto, el “beneficio” podría convertirse en un costo inmediato para los ciudadanos.
Al enviar a estos criminales a cárceles estadounidenses, México delega parte de su responsabilidad de hacer justicia. Esto refuerza la narrativa de que el sistema penitenciario y judicial mexicano es incapaz de manejar a sus propios delincuentes, algo que choca con el discurso de autosuficiencia del gobierno.
Como señaló la BBC, estos capos podrían revelar datos comprometedores sobre complicidades con autoridades mexicanas o estadounidenses en sus declaraciones en EE.UU. Esto es un arma de doble filo: podría limpiar el sistema, pero también exponer vulnerabilidades que el gobierno preferiría mantener ocultas. ¿Se la jugará Claudia Sheinbaum?
Porque el gobierno hace o porque el gobierno no hace. A nadie se satisface plenamente.
Es decir, si el gobierno actúa, se le critica; si no actúa, también.
El traslado parece responder a una combinación de presión externa (EE.UU. llevaba décadas pidiendo a algunos de estos capos) y una necesidad interna de mostrar resultados en seguridad. Sheinbaum, en sus primeros meses, necesita legitimar su estrategia y diferenciarse de López Obrador, quien evitaba extradiciones masivas. Además, culpar a los jueces desvía la atención de posibles fallos del ejecutivo y refuerza su narrativa de lucha contra la corrupción.
Si el riesgo de liberación era real, ¿por qué no se actuó antes contra esos jueces corruptos o se reformó el sistema para evitar llegar a esta medida extrema? Esto sugiere que el gobierno pudo haber reaccionado tarde o que prefirió una solución rápida (entregarlos a EE.UU.) en lugar de enfrentar el problema de raíz. También podría ser que el costo político de mantener a estos capos en México (con el riesgo de fugas o violencia) era mayor que el de cederlos.
La conclusión, por un lado, radicaría en que el traslado es un golpe táctico contra el crimen organizado y una muestra de cooperación internacional. Por otro, huele a improvisación, a una decisión más reactiva que estratégica, y deja dudas sobre la capacidad del gobierno para manejar su propio sistema de justicia.
Criticar al gobierno por actuar aquí no es injusto, porque la falta de claridad y el riesgo de represalias son reales; pero tampoco lo es criticarlo por no haber actuado antes, dado el historial de impunidad. En resumen, parece un paso audaz pero riesgoso, y el verdadero impacto dependerá de lo que pase en las próximas semanas, tanto en las calles mexicanas como en los tribunales estadounidenses.
