Tres amparos protegen a Andy López Beltrán y red de huachicol fiscal en investigación de la FGR
Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy” e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra envuelto en una controversia judicial relacionada con presuntas redes de huachicol fiscal, un delito que implica el contrabando y evasión de impuestos en importaciones de combustible. Aunque no existe confirmación pública de órdenes de aprehensión vigentes en su contra, se han revelado tres amparos promovidos en su favor y el de sus hermanos José Ramón y Gonzalo, junto con otros implicados en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Estos recursos legales, conocidos como “amparos buscadores”, buscan proteger contra posibles detenciones, incomunicación o desaparición forzada, y fueron admitidos por juzgados federales en septiembre de 2025.
La información surgió de publicaciones en redes sociales y reportes periodísticos, destacando la conexión con figuras militares y empresariales investigadas por corrupción en aduanas y puertos.
El primer amparo, identificado como 2098/2025, fue presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, un abogado conocido por haber representado a Rafael Caro Quintero en intentos de frenar su extradición a Estados Unidos en 2025. Este recurso protege a Andy y Gonzalo López Beltrán, así como a al menos 14 personas más vinculadas al huachicol fiscal, incluyendo al contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú (alias “El señor de los buques”), presunto operador de la empresa Mefra Fletes. El juez concedió una suspensión de plano, ordenando a las autoridades cesar cualquier acto de privación de libertad y reportar la situación de los quejosos en 24 horas. Es importante subrayar que en la tarde de este miércoles, Rodríguez Smith Macdonald rechazó haber tramitado el famoso amparo y advirtió que procederá penalmente contra quien resulte responsable por usurpación.
Periodistas como Claudio Ochoa Huerta confirmaron el expediente en el portal del Órgano de Administración Judicial, subrayando que el amparo no fue firmado por los beneficiarios, lo que genera dudas sobre si lo ratificarán en el plazo de tres días.
Un segundo amparo, bajo el número 1728/2025, se tramitó en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, también por Rodríguez Smith Macdonald. Este caso, inicialmente recibido en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, fue turnado y admitido contra posibles acciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR. Incluye a Andy y Gonzalo López Beltrán, junto con los mismos implicados del amparo de Zacatecas, como César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano Ruiz (conocido como “Capitán Sol”). La jueza Verónica Beltrán Munguía, recién electa por voto popular, se declaró incompetente para continuar, pero decretó la suspensión provisional, requiriendo informes a autoridades como la FGR para verificar órdenes de detención.
El tercer amparo, 1446/2025, fue promovido ante el Juzgado Primero de Distrito en Tabasco por Eribel Mejía Barrios, quien previamente defendió a Tania Contreras, nueva presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas e implicada en denuncias de corrupción. Este recurso amplía la protección a los tres hermanos López Beltrán —José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo— y repite la lista de beneficiarios de los otros amparos, como Diana Heleyn Foullon Gómez, Carlos Estudillo Villalobos y Elvira Xóchitl Palomo.
Tabasco, estado natal de López Obrador, añade un matiz político al caso, ya que el amparo busca blindar contra acciones de fiscales locales y federales en un contexto de investigaciones por sobornos y control aduanal. Fuentes judiciales indican que este fue el primero en registrarse, posiblemente como medida preventiva ante denuncias presentadas por el diputado panista Federico Döring en septiembre de 2025.
El contexto de estos amparos se enraíza en una investigación de la FGR sobre una red de huachicol fiscal dentro de la Secretaría de Marina (Semar), que involucra contrabando de combustible vía puertos como Altamira, Tamaulipas. Testimonios de testigos protegidos, como el alias “Santo”, y denuncias de opositores señalan a Andy López Beltrán como posible protector de la red, permitiendo importaciones ilegales a través de empresas fantasma.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido a la FGR profundizar en el caso, mientras Morena desmiente que Andy haya autorizado los amparos, calificándolos como acciones de terceros. Sin embargo, la coincidencia de promotores con vínculos a figuras controvertidas y la inclusión de presuntos delincuentes en las demandas han avivado críticas sobre impunidad y politización judicial, especialmente tras las elecciones judiciales de junio de 2025.
