UN DESAFÍO ABIERTO AL ESTADO MEXICANO: EL ASESINATO DE YESENIA LARA GUTIÉRREZ
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 12 de mayo de 2025
La noche del 11 de mayo de 2025, Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Veracruz, así como tres hombres más, fue asesinada a balazos durante una caravana nocturna en el barrio Camino a Jáltipan. El ataque, perpetrado por un grupo armado frente a decenas de simpatizantes, dejó un saldo de cuatro muertos y tres heridos, según confirmó la gobernadora Rocío Nahle. Este crimen no es un hecho aislado, sino un desafío directo al Estado mexicano, al gobierno estatal y al gabinete de seguridad federal. La violencia desatada contra actores políticos en Veracruz, donde ya suman dos candidatos asesinados en este proceso electoral, evidencia la fragilidad de las instituciones y la audacia del crimen organizado, que actúa con impunidad en un contexto de polarización y disputa territorial.
El asesinato de Lara Gutiérrez, transmitido en vivo a través de su cuenta de Facebook, pone en relieve la vulnerabilidad de las autoridades municipales, el eslabón más débil del sistema político mexicano. Los alcaldes y candidatos locales son blancos frecuentes porque operan en la primera línea de contacto con la ciudadanía, pero carecen de la protección y los recursos que tienen los niveles estatal y federal. En muchos casos, como señala la narrativa recurrente, los ediles enfrentan un dilema brutal: someterse a las exigencias de los grupos criminales o enfrentar la muerte. Yesenia Lara, viuda de Enrique Argüelles Montero, un regidor asesinado en 2022 en Acayucan, ya había experimentado esta violencia de cerca. Su ejecución sugiere que el crimen organizado no solo busca eliminar opositores, sino enviar un mensaje de control territorial en una región estratégica como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La respuesta del gobierno de Rocío Nahle, quien condenó el ataque y prometió que la Fiscalía General del Estado (FGE) no descansará hasta encontrar a los responsables, suena insuficiente ante la magnitud del problema. Veracruz, con un historial de violencia política que incluye amenazas, renuncias masivas de candidatos y ataques armados, requiere más que discursos. La FGE ha iniciado una carpeta de investigación, pero la falta de detenciones inmediatas y la opacidad en torno a los avances reflejan las limitaciones de las autoridades locales. A nivel federal, el gabinete de seguridad, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, enfrenta el reto de articular una estrategia que trascienda la retórica y aborde las raíces de la colusión entre el crimen organizado y las estructuras municipales. La impunidad, alimentada por la corrupción y la falta de coordinación, permite que estos asesinatos se repitan sin consecuencias.
Un caso paralelo que ilustra esta crisis es la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra al menos ocho presidentes municipales de Morelos, señalados por presuntos nexos con el crimen organizado. Entre ellos destacan los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano, quienes han sido vinculados con figuras del Cártel de Sinaloa, según un video difundido en redes sociales. La FGR, al asumir la indagatoria por tratarse de delitos federales, pone en evidencia cómo la infiltración criminal en los gobiernos locales no es un problema exclusivo de Veracruz, sino una amenaza nacional. En Morelos, el caso del edil de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, señalado por vínculos con Los Rojos, refuerza la percepción de que muchos munícipes operan bajo la sombra de los cárteles, ya sea por complicidad o por coacción.
El asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez no solo enluta a Texistepec, sino que exige una reflexión urgente sobre el estado de la democracia mexicana. Mientras los municipios sigan siendo el flanco más expuesto, el crimen organizado continuará desafiando al Estado con asesinatos que buscan imponer miedo y control. La promesa de justicia de Nahle y las investigaciones de la FGR son pasos necesarios, pero insuficientes si no van acompañadas de una reforma profunda que fortalezca la seguridad local, desmantele las redes de corrupción y garantice que los candidatos puedan competir sin temor a perder la vida. La sangre derramada en Texistepec es un recordatorio de que, sin un cambio estructural, el poder criminal seguirá dictando las reglas en vastas regiones del país.
