¿UN INSTITUTO DE PENSIONES PARA MORELOS? LECCIONES DE OTROS ESTADOS
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 7 de enero de 2026
Morelos lleva años debatiendo la creación de un Instituto de Pensiones propio, una alternativa para enfrentar el creciente peso financiero que representan las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de los tres poderes del estado y los 36 ayuntamientos. Cada año, una porción cada vez mayor del presupuesto se destina a cubrir estas obligaciones, dejando menos recursos para salud, educación o infraestructura.
La pregunta es obligada: ¿funcionaría en Morelos un organismo autónomo como los que ya existen en otras entidades? ¿Han tenido éxito? ¿Cómo logran (o no) allegarse recursos para no ahogar las finanzas públicas? La respuesta corta: sí existen, son muchos, y el balance es mixto.
De las 32 entidades federativas, al menos 29 cuentan con leyes o sistemas específicos de seguridad social para sus servidores públicos, y varios operan a través de institutos descentralizados similares al que se propone en Morelos.
Ejemplos sobran. El Estado de México tiene el ISSEMYM desde 1969; Veracruz, el IPE desde 1954; Sinaloa, el IPES desde 1972; Jalisco, el Pensiones del Estado; Chihuahua, Pensiones Civiles; Yucatán, el ISSTEY. La lista es larga: Puebla, Sonora, Nuevo León y otros han optado por organismos que administran fondos propios, cobran cuotas y, en teoría, invierten para garantizar sostenibilidad.
¿Éxito o fracaso? Depende de cómo se mida. En el día a día, la mayoría paga puntualmente las pensiones y ofrece prestaciones adicionales, como préstamos a jubilados. El ISSEMYM mexiquense y el IPEJAL de Jalisco han logrado mantener operatividad incluso bajo presión demográfica. Algunos, como Sinaloa, han incorporado cuentas individuales de capitalización que reducen la dependencia del presupuesto anual. México, en conjunto, rankea entre los mejores sistemas pensionarios de América Latina según el índice Mercer 2024.
Pero la cara oscura es innegable. Casi todos enfrentan déficits estructurales. El Instituto de Pensiones de Veracruz arrastra deudas históricas por aportaciones municipales no pagadas y prestaciones generosas. En Chihuahua y Yucatán han sido necesarias reformas recientes para evitar el colapso. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y diagnósticos del BID, el gasto en pensiones estatales crece más rápido que los ingresos en muchas entidades. La informalidad laboral, el envejecimiento poblacional y la fragmentación de más de mil esquemas distintos en el país agravan el problema. Sin reformas profundas, varios de estos institutos podrían volverse insostenibles en una o dos décadas.
Entonces, ¿qué debería perseguir un eventual Instituto de Pensiones de Morelos para no repetir errores ajenos y, sobre todo, para generar sus propios recursos?
El objetivo principal debe ser garantizar el pago oportuno y digno de las pensiones, pero sin convertirse en un hoyo negro presupuestal.
Para ello, los pilares serían:
Establecer cuotas tripartitas obligatorias y realistas: trabajador, patrón (estado y municipios) y gobierno estatal. Experiencias como la de Sinaloa muestran que mecanismos estrictos de cobro a ayuntamientos morosos son indispensables.
Crear un fondo de inversión profesional que genere rendimientos. Los mejores casos (Jalisco, Estado de México) logran retornos anuales del 4-6% real, suficientes para cubrir parte importante de los pagos y aliviar la carga al erario.
Transitar gradualmente hacia un esquema híbrido con cuentas individuales, como ya hicieron varios estados, para que las nuevas generaciones no dependan solo del reparto solidario.
Realizar auditorías actuariales anuales, eliminar prestaciones excesivas y combatir la evasión de cuotas.
Buscar sinergias con fondos federales, incluido el recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar, que podría ofrecer inyecciones iniciales o garantías.
Morelos no parte de cero. Puede aprender de lo que ha funcionado —la autonomía administrativa y las inversiones prudentes— y evitar lo que ha fallado: falta de disciplina financiera y generosidad sin respaldo actuarial.
Crear un Instituto de Pensiones no es la varita mágica, pero bien diseñado y con reglas claras podría transformar un pasivo creciente en un sistema sostenible. La alternativa es seguir destinando cada vez más del presupuesto a pensiones, hasta que no quede margen para nada más. La decisión está en el Congreso local y en el Ejecutivo. El tiempo, como siempre en temas de pensiones, juega en contra.
