UN NUEVO COMIENZO CON LA REFORMA AL PODER JUDICIAL DE MORELOS
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 20 de mayo de 2025
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos ha atravesado una crisis de gobernabilidad que socavó su legitimidad y eficacia. Desde 2023, el conflicto interno entre magistrados, marcado por acusaciones de corrupción, nepotismo y decisiones judiciales cuestionables, generó un divisionismo que paralizó la administración de justicia. La pugna por la presidencia entre Luis Jorge Gamboa Olea y Juan Gabriel Vargas Téllez, ambos autoproclamándose líderes, evidenció la falta de cohesión y el daño a la credibilidad del Poder Judicial. Esta guerra intestina, agravada por resoluciones polémicas como la liberación de condenados por homicidio debido a pruebas desvanecidas, erosionó la confianza ciudadana, dejando a los justiciables como principales víctimas de un sistema judicial fracturado.
La crisis no solo se limitó a disputas internas, sino que trascendió a las calles, con paros laborales, bloqueos de transportistas y suspensiones de audiencias que retrasaron trámites esenciales. Organizaciones como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y el Consejo Estatal de Abogados señalaron que estas acciones, impulsadas por lealtades políticas y cuotas de poder, violaron los derechos de los ciudadanos al acceso a la justicia. La permanencia de Gamboa Olea, a pesar del rechazo de 15 magistrados y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exacerbó la percepción de un TSJ dominado por intereses particulares, incapaz de garantizar imparcialidad o transparencia.
La reforma judicial, publicada este 19 de mayo de 2025 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, marca el inicio de una nueva etapa para el Poder Judicial de Morelos. Esta reforma, impulsada por el Congreso local, destituye a Gamboa Olea como presidente del TSJ y establece un proceso para designar a su sucesor mediante una terna enviada al Legislativo. Con un enfoque en modernizar la justicia, especialmente en materia laboral, la reforma busca agilizar procesos, erradicar prácticas opacas y garantizar una justicia más accesible y equitativa. Este cambio responde a la demanda ciudadana de un sistema judicial que priorice la legalidad y los derechos humanos sobre los intereses políticos.
Sin embargo, los retos persisten. La implementación de la reforma requerirá superar resistencias internas y garantizar que los nuevos magistrados y jueces sean seleccionados por mérito, no por cuotas políticas. La advertencia del coordinador parlamentario Rafael Reyes sobre la necesidad de una renovación total del TSJ subraya la urgencia de transformar no solo los liderazgos, sino también la estructura misma del Poder Judicial. La ciudadanía espera que esta reforma cierre el capítulo de divisionismo y siente las bases para un sistema judicial que recupere la confianza perdida, combata la impunidad y promueva una verdadera “paz con justicia y dignidad”.
Las cosas comienzan a moverse en Morelos, y el impacto de esta reforma se medirá en los próximos meses. La designación del nuevo presidente del TSJ, la elección de magistrados en 2026 y la aplicación de procesos judiciales más transparentes serán pruebas clave para determinar si el Poder Judicial puede dejar atrás su crisis de gobernabilidad. Por ahora, la publicación de la reforma es un paso esperanzador, pero su éxito dependerá del compromiso de los tres poderes del estado y de la vigilancia activa de la sociedad civil para asegurar que la justicia, por fin, sea un bien al alcance de todos los morelenses.
La integración de la terna de prospectos para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Morelos debe priorizar a los mejores juristas, seleccionados por su mérito, experiencia y compromiso con la imparcialidad, para romper con el predominio de intereses políticos y económicos que han sumido al Poder Judicial en una crisis de gobernabilidad. La historia reciente del TSJ, marcada por acusaciones de corrupción y divisionismo, demuestra que las designaciones basadas en lealtades partidistas o cuotas de poder perpetúan la desconfianza ciudadana y la ineficacia judicial. Una terna conformada por profesionales íntegros, sin vínculos con grupos de influencia, es esencial para garantizar un sistema judicial transparente, accesible y alineado con los principios de justicia y derechos humanos, sentando las bases para una renovación que responda a las demandas de los morelenses y no a las élites.
