UN SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 22 de marzo de 2024
Durante varias décadas he escrito en torno a las cuatro columnas de un sistema integral de seguridad pública. Son las siguientes: la prevención y disuasión de los delitos, a cargo, para el caso particular de nuestra entidad, de las policías municipales y el Mando Coordinado de Policía Morelos; la persecución de los delitos y la procuración de justicia, que le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGM); la administración e impartición de justicia, cuyos responsables son los juzgados penales; y la reinserción o readaptación social, para el caso morelense adscrita a la Comisión Estatal de Seguridad, encabezada por el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros. Si alguna de estas columnas falla o se tambalea, todo el sistema sufre, con consecuencias negativas en la sociedad.
Sin embargo, dos de las cuatro columnas son las de mayores deficiencias: la prevención de los delitos y su persecución. Llevo décadas constatando la ineficacia de las policías municipales y la estatal como primeros respondientes. Casi siempre llegan tarde al lugar de los hechos violentos, lo cual se sigue repitiendo, sobre todo en puntos de las localidades con mayor índice delictivo donde no existen cámaras de videovigilancia. Este jueves, lamentablemente, ocurrió el artero asesinato del abogado Marco Antonio Alvear Sánchez, presidente del Instituto Morelense de Información Pública (IMIPE), a plena luz del día muy cerca del centro de Cuernavaca. Entre los primeros temas manejados por policías fue que en el punto del asesinato no había videovigilancia a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad, cuyos altos mandos y de la Fiscalía General del Estado gestionarían ante el gobierno municipal de Cuernavaca la entrega de vídeos posiblemente captados por cámaras del C-4 del que tanto presume el alcalde José Luis Urióstegui.
Si Graco Ramírez, gobernador de Morelos en el sexenio 2012-2018, no hubiera pugnado por construir el C-5 de Temixco e instalar varios cientos de cámaras, en este momento la situación de inseguridad estaría peor. El problema es que el programa de videovigilancia no continuó y se frenó la inversión en tan importante rubro. Ahora resulta, para el caso de los delitos que se cometen en Cuernavaca, que las autoridades estatales deben suplicar a Urióstegui y a la jerarca de la SEPRAC, Alicia Vázquez Luna, mediante oficios de colaboración, la entrega de material de videovigilancia, con el fin de integrarlo a las carpetas de investigación. Por cierto, con relación al homicidio del abogado Alvear Sánchez, alguien del mentado C-4 filtró a determinados medios, imágenes del vehículo donde presuntamente iban los asesinos, amén de que también se deslizó el dato de que el presidente del IMIPE había pedido auxilio en el 911, debido a que se percató de que lo iban siguiendo.
Para finalizar es importante subrayar que siempre, cuando se presentan homicidios de alto impacto, surge el oportunismo político. Y ello no podía faltar en un clima preelectoral para que ciertos personajes consigan raja política y reflectores. Esta politización jamás ha beneficiado al sistema integral de seguridad mencionado al comienzo de esta columna. Es vana palabrería por parte de quienes, inclusive, desconocen las circunstancias en que se desenvuelven los policías de a pie y quienes se esfuerzan por conseguir los mejores resultados en el programa de videovigilancia que debe ser reforzado tras el advenimiento de la nueva gobernadora, allende el primero de octubre del año en curso. Quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo deberá colocarse al frente de una gran coordinación en la materia, pero no como la que se simula desde ámbitos castrenses.
