UNA DEUDA QUE PESA COMO LOSA: CUERNAVACA Y SU CALVARIO FISCAL
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 09 de julio de 2025
El Ayuntamiento de Cuernavaca, con el alcalde José Luis Urióstegui al frente, ha destapado una cloaca financiera heredada: un adeudo de 269 millones de pesos con el SAT, un monstruo fiscal que creció desde 2015 por retenciones de ISR que nunca llegaron a donde debían. La solución, aprobada por el Cabildo, es pedir auxilio a la Secretaría de Hacienda estatal, en un gesto que huele más a necesidad que a estrategia.
Mientras el municipio promete cubrir el 25 por ciento del monto –unos 70 millones, con recargos que no paran de engordar–, el gobierno estatal, que no precisamente nada en billetes, deberá asumir el resto. La pregunta es: ¿hasta dónde llegará la generosidad de un estado con las arcas casi en números rojos?
El origen de este desastre es tan viejo como descarado. En 2015, una administración municipal retuvo el ISR de los trabajadores, pero en lugar de pagarlo al SAT, alguien decidió que ese dinero estaba mejor en otros bolsillos. Lo que comenzó como un “modesto” desvío de 63 millones se infló con una década de recargos hasta convertirse en una deuda impagable para un municipio que ya arrastra juicios laborales, mercantiles y más. El tesorero Javier Arozarena no tuvo que esforzarse mucho para pintar el panorama: omisiones fiscales que rozan el delito y un Ayuntamiento que, aunque no creó el problema, ahora debe lidiar con él.
Urióstegui, con tono de quien carga una cruz ajena, insiste en que no es su culpa, pero que le toca limpiar el tiradero. La estrategia incluye sacar recursos de donde sea –Tesorería, ADEFAS, hasta de la Presidencia Municipal– y rezar para que el estado, vía el programa 3B del SAT, haga el resto.
Pero el trasfondo es más sombrío: la gobernadora Margarita González Saravia, con un gobierno estatal en apuros financieros, tendrá que decidir cuánto puede estirar un presupuesto que no anda bien. La “anuencia” de la gobernadora suena más a cortesía política que a cheque en blanco.
La narrativa oficial no escatima en dramatismo: posibles denuncias por evasión fiscal, responsabilidades administrativas y un discurso de “finanzas sanas” que choca con la realidad de un municipio que sigue tropezando con deudas heredadas. Urióstegui advierte que las omisiones “no quedarán impunes”, pero la Contraloría y la Consejería Jurídica tendrán que hacer más que ruido si quieren que alguien pague por el desfalco.
Mientras tanto, los ciudadanos de Cuernavaca ven cómo sus impuestos se destinan a tapar agujeros de administraciones pasadas, sin que nadie explique cómo se permitió que 63 millones se convirtieran en 269.
El caso destapa una verdad incómoda: la estabilidad financiera de Cuernavaca pende de un hilo, y el gobierno estatal no está en posición de jugar al salvador sin sacrificar sus propios números. La colaboración con Hacienda estatal es un parche, no una cura. Si el programa 3B no da resultados o el estado se queda corto, Cuernavaca podría enfrentar un colapso fiscal que ni las buenas intenciones de Urióstegui podrán evitar. Y mientras el Cabildo se lava las manos señalando al pasado, los contribuyentes pagan el precio de una década de negligencia.
