URIEL: TEÓRICAMENTE HASTA 2027
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 5 de diciembre de 2023
El jueves 15 de febrero de 2018, el abogado y notario público Uriel Carmona Gándara fue electo como titular de la Fiscalía General de Morelos (FGM) por un periodo de nueve años. Teóricamente, concluirá su gestión el 15 de febrero de 2027. Su designación, que corrió a cargo del Congreso local por 22 votos a favor, se llevó a cabo en base a reformas constitucionales cuyo objetivo era otorgar a la institución autonomía técnica y financiera. La FGM es un organismo constitucionalmente autónomo.
Sin embargo, dicha autonomía nunca ha sido grata para el principal inquilino del Palacio Nacional. Aquello de “¡al diablo las instituciones!”, también abarcó a varios fiscales generales de Justicia, incluido el de Morelos. López Obrador jamás ha aprobado que esos servidores públicos permanezcan tal cantidad de años al frente de ciertas fiscalías. Imaginen ustedes: si el político nacido en Macuspana, Tabasco, aborrece a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ¿cómo no iba a sentir lo mismo hacia los titulares de fiscalías estatales dotados de autonomía técnica y financiera, y electos para permanecer en sus cargos durante casi una década?
A estas alturas de los gobiernos federal y estatal hasta un niño de sexto grado conoce el conflicto político cuyo principal protagonista ha sido Uriel Carmona Gándara, debido al manoseo del caso de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, ultimada a finales de octubre de 2022 en un departamento de la colonia Roma de la Ciudad de México y cuyo cuerpo fue tirado en un paraje de la autopista La Pera-Cuautla, en jurisdicción de Morelos. El 2 de noviembre del mismo año fue localizado por unos ciclistas. Hasta ahora hay una pareja presa como principales sospechosos del feminicidio, pero no se sabe nada respecto a su proceso. Asimismo, Carmona Gándara fue implicado por la Fiscalía General de la Ciudad de México como encubridor del feminicidio, en un caso ciento por ciento politizado por la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el propio López Obrador.
Infinidad de veces he escrito que Uriel Carmona Gándara es un hombre de leyes, que pertenece a la tercera generación de profesionales del Derecho en su familia. Su abuelo fue don Manuel Gándara Mendieta, inolvidable catedrático de la Facultad de Derecho de la UAEM y magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Un hombre íntegro a cabalidad. Y los padres del fiscal son el también maestro Uriel Carmona Sánchez y la maestra Marinela Gándara Vázquez. Con tal raigambre fundamentada en el estricto respeto a la ley, era de esperarse la intensa lucha jurídica en torno a Uriel Carmona Gándara para enfrentar el feroz ataque en su contra, que lo privó de la libertad en CDMX. Por el éxito de sus estrategias legales es como Carmona Gándara se mantiene al frente de la Fiscalía General de Morelos. Atención: en todo momento ha defendido la condición de dicha institución como un organismo constitucionalmente autónomo y su inocencia.
Este lunes el titular de la FGM acudió a la toma de posesión del general Julio César Moreno Mijangos como comandante de la 24a. Zona Militar, acto desarrollado en la sede de dicha demarcación castrense en la zona norte de Cuernavaca. El invitado tradicional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en este tipo de transiciones siempre lo es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien, al dirigirse a su sitio en el templete se detuvo brevemente para intercambiar algunas palabras con Uriel Carmona Gándara. Analicé varias veces el vídeo donde aparecen ambos personajes intercambiando palabras y me pareció que el breve diálogo se fundamentó en la cortesía y el respeto institucional. Cuauhtémoc Blanco le dio la mano al fiscal y le tocó el hombro izquierdo denotando afecto. Más tarde, Blanco diría que el fiscal debe acudir a todas las sesiones de la Mesa para la Construcción, cuyo escenario es la propia 24a. Zona Militar.
El domingo estuvo en el balneario Ex Hacienda de Temixco, la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, entre muchas cosas incluidas en su discurso ante miles de morenistas, arremetió de nuevo en contra de Uriel Carmona Gándara, indicando que ella y Margarita González Saravia, actual precandidata a la gubernatura, con un nuevo fiscal, lograrán darle seguridad al estado de Morelos. Asimismo, admitió que fue ella quien promovió fincarle responsabilidades penales al multicitado funcionario de Morelos por el asunto de Ariadna Fernanda.
Sin embargo, alguien debería recordarle a la ex jefa de Gobierno que Uriel Carmona Gándara concluirá su gestión en febrero de 2027. Si la doctora Sheinbaum es sucesora de AMLO en Palacio Nacional, muy probablemente emprenderá, con toda la fuerza del estado mexicano (todavía más), una nueva embestida hacia el multicitado fiscal, con el objetivo de provocar su salida. Habremos de esperar primero las campañas, el periodo postelectoral y la transición política el primero de octubre de 2024, cuando AMLO entregará la estafeta a la nueva presidenta… sea quien fuere.
Pero ¿y mientras?
En otras columnas me he referido a los cuatro pilares de un sistema integral de seguridad pública. Son los que sostienen a toda la casa, metafóricamente hablando. Si uno falla, pasa lo mismo con los demás componentes.
El primer pilar es la prevención y la disuasión de los delitos, lo cual le corresponde a las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales. Empero, la mayor responsabilidad, según ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la tienen los estados y los municipios.
El segundo pilar es la persecución de los delitos y la procuración de justicia, a cargo de las procuradurías o fiscalías generales de Justicia de los estados. A los fiscales o agentes del Ministerio Público les corresponde, junto con las policías especializadas, investigar los delitos, llegar a los perpetradores de ilícitos y vincularlos a proceso, teniendo como objetivo una sentencia condenatoria. Por lo tanto, deben siempre aportar suficientes pruebas de cargo para evitar la impunidad y la libertad de los imputados.
El tercer pilar es la administración o impartición de justicia, a través de los juzgados penales correspondientes. Los juzgadores proceden dependiendo de las pruebas de cargo presentadas por los fiscales. Si las carpetas de investigación no están debidamente integradas, los delincuentes son absueltos. Pero si por el contrario los fiscales aportan suficientes pruebas de peso, los jueces, mínimo, van a dictar los autos de vinculación a proceso. Los juzgados, en teoría, deben estar rigurosamente coordinados con la Fiscalía, lo cual muchas veces no ocurre debido a múltiples factores, entre ellos la corrupción.
Y en cuarto sitio se encuentra la readaptación o reinserción social. A juzgar por la realidad de todo el sistema penitenciario a lo largo y ancho del país, este componente siempre ha resultado un total fracaso. Hay sus honrosas excepciones de reclusos reinsertados socialmente, pero sus casos se cuentan con los dedos de una mano.
Como pudieron ustedes notar, los cuatro pilares de un sistema integral de seguridad pública exigen estrecha coordinación entre instituciones. Empero, conflictos como el enfrentado durante meses por el fiscal Carmona Gándara; los ataques del alcalde de Cuernavaca a la Comisión Estatal de Seguridad, a la Fiscalía General de Morelos y hasta al mismísimo gobernador del estado; los cuestionamientos de regreso hacia el edil por parte del titular de la CES-Morelos, y otros factores más, provocan estridentes carcajadas en quienes, desde la acera de enfrente, observan los estériles pleitos entre funcionarios. ¿Saben a quiénes me refiero? ¡A los delincuentes! Aunque ustedes no lo crean, los grupos criminales están muy bien informados sobre la descoordinación entre todas las instituciones mencionadas líneas atrás. Sus principales informantes son, infortunadamente para los ciudadanos, policías deshonestos.
A nadie más que a los criminales benefician los conflictos, la dispersión de esfuerzos y el despilfarro de cuantiosos recursos, entre todos los funcionarios responsabilizados de mantener bien cimentado el sistema integral de seguridad pública.
