LA POLITIZACIÓN EN LA UAEM: HISTORIA QUE SE REPITE
LA CRÓNICA DE MORELOS
Martes 3 de marzo de 2026
E D I T O R I A L
En los anales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ciertos episodios trágicos han servido no solo para unir a la comunidad en el dolor, sino también para exponer cómo la política se infiltra en momentos de crisis, desviando el foco de la justicia hacia agendas particulares.
Hace una década, el asesinato del doctor Alejandro Chao Barona, un connotado investigador de la institución, y de su esposa Sara Rebolledo, sacudió a Morelos. Ocurrido el 5 de mayo de 2014, el crimen fue resuelto con celeridad: al día siguiente, el 6 de mayo, las autoridades anunciaron la detención de los presuntos responsables. Sin embargo, esto no impidió que se organizara una multitudinaria marcha de protesta contra el gobierno estatal, como si la eficiencia de la Fiscalía no contara y el luto se convirtiera en un pretexto para arremeter contra el poder en turno.
Hoy, en marzo de 2026, vemos un escenario alarmantemente similar. La desaparición de la estudiante Kimberly Ramos, reportada a finales de febrero, generó una oleada de indignación legítima entre la comunidad universitaria. Los estudiantes han tomado la rectoría, bloqueado accesos y realizado marchas para exigir su localización y el esclarecimiento de los hechos. No obstante, pese a los avances en las investigaciones —incluyendo la detención de una persona presuntamente involucrada, confirmada por las autoridades—, las protestas persisten contra el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, y contra la propia Rectoría de la UAEM, liderada por Viridiana León Hernández.
La marcha anunciada para el 2 de marzo fue reprogramada tras una reunión entre autoridades universitarias y gubernamentales, pero el malestar no se disipó y continuó este 3 de marzo con la realización de nuevas movilizaciones. ¿Por qué marchar con tal vehemencia cuando hay progresos evidentes en la carpeta de investigación?
Esta repetición de patrones invita a reflexionar sobre la politización de las tragedias en nuestra universidad.
En 2014, el homicidio de Chao Barona se utilizó para cuestionar la seguridad estatal, a pesar de la rapidez en las detenciones y las posteriores condenas a 40 años de prisión para los culpables. Ahora, con la desaparición de Kimberly, las demandas van más allá de la búsqueda: se exigen diálogos, transparencia y hasta la suspensión de clases presenciales, convertidas en virtuales “hasta nuevo aviso”. Se sumó una demanda más: exigir la destitución de la rectora.
Es comprensible el temor y la exigencia de justicia en un estado donde la violencia no cesa, pero cuando las protestas ignoran los avances y apuntan directamente a instituciones como el gobierno y la Rectoría, surge la sospecha de que hay intereses políticos detrás. ¿Se trata de genuina solidaridad o de una oportunidad para desestabilizar?
La UAEM, como bastión académico, merece que sus crisis se resuelvan con objetividad y no se conviertan en arenas de confrontación partidista. Tanto en el caso de Chao Barona como en el de Kimberly Ramos, la lección es clara: la justicia debe prevalecer sobre la politización. Ojalá esta vez, la comunidad enfoque su energía en apoyar las investigaciones en curso, en lugar de alimentar divisiones que solo prolongan el sufrimiento. Morelos necesita soluciones, no más espectáculos.
