MASACRE EN AYALA: LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO QUE PERMITIÓ UN PROSTÍBULO MORTAL
Responsabilidad del gobierno municipal en la muerte de ocho personas en un bar de Anenecuilco
Lo ocurrido esta madrugada de sábado en “El Rincón de la Banda”, en Anenecuilco (Ciudad Ayala), donde fueron ejecutadas ocho personas, no es solo un acto de violencia del crimen organizado. Es, ante todo, la consecuencia directa de la omisión y complicidad de las autoridades municipales.
En Morelos, los 36 ayuntamientos —presidentes municipales, regidores y síndicos— tienen la obligación legal y moral de vigilar y regular el funcionamiento de bares, cantinas, loncherías, centros de tolerancia y todo tipo de establecimientos de “giro negro”. No se trata de una facultad discrecional: es su responsabilidad primordial.
En el caso específico de Ayala, donde Nayeli Mares Mérida funge como presidenta municipal, la primera responsabilidad recae sobre ella y su cabildo. Aunque el establecimiento operara “sin permiso oficial”, como sugirió el comunicado emitido por el ayuntamiento, eso no exime a las autoridades. Al contrario: agrava su culpa.
Permitir que un prostíbulo funcione abiertamente durante meses o años, sin licencia de funcionamiento, constituye una omisión grave. Nadie invierte en un negocio de esta naturaleza sin tener la certeza —real o comprada— de que las autoridades locales lo tolerarán. La operación irregular solo es posible con la anuencia, el silencio o la corrupción de quienes deben fiscalizar.
El propio comunicado del ayuntamiento, lejos de aclarar, genera más dudas e incrimina a la administración. Afirma que actualmente solo existen 12 licencias de giro negro en el municipio, de las cuales solo seis han refrendado y ninguna está en funcionamiento. Además, asegura que en esta administración no se han otorgado nuevas licencias para este tipo de negocios. Si eso es cierto, ¿cómo es posible que “El Rincón de la Banda” operara? ¿Cuántas cantinas, bares, loncherías y prostíbulos más funcionan en Ayala sin licencia? Esa es una pregunta que la “alcaldesa” Nayeli Mares Mérida está obligada a responder con transparencia y de inmediato.
Un ex presidente municipal de otro estado lo resumía con claridad: “El alcalde debe estar informado de todo lo que pasa o va a pasar en su territorio. No hacerlo constituye delito, ya sea por omisión o por comisión”.
Las investigaciones de la Fiscalía deben ir más allá de los sicarios que apretaron el gatillo. Deben incluir a quienes, desde el gobierno municipal, permitieron —por acción, omisión o corrupción— que un establecimiento ilegal operara con total impunidad, convirtiéndose en un foco de violencia que terminó cobrando la vida de ocho personas.
La sangre derramada en Anenecuilco no solo mancha a los criminales. También mancha al Ayuntamiento de Ayala.
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